El Síndic pide que conste por escrito la aceptación o renuncia a una plaza residencial, para evitar incidencias

Luna alerta de que ofrecer plazas por teléfono y darlas por aceptadas sin constancia documental provoca inseguridad jurídica y puede causar perjuicios económicos

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Angel Luna, ha recomendado que cualquier oferta, aceptación o renuncia a recursos del sistema de dependencia quede documentada por escrito y debidamente incorporada al expediente, tras detectar incidencias en un caso en el que una mujer en situación de dependencia ha estado más de nueve meses sin cobrar la ayuda económica que le permitía recibir cuidados en su entorno familiar.

Según la resolución, no consta en su expediente una aceptación expresa y formal de la plaza residencial —extremo que la familia niega— y sí figura la renuncia presentada por escrito pocos días después, sin que la mujer llegara a ingresar en el centro. Por ello, el Síndic solicita restablecer la prestación con efectos retroactivos.

Pese a ello, la Conselleria no revisó la decisión ni reactivó la prestación. El Síndic considera especialmente relevante que, una vez recibida la renuncia y sin haberse producido el ingreso, la Administración no diera marcha atrás para dejar sin efecto la resolución adoptada y restablecer la ayuda económica previamente reconocida. Esta situación obligó a la familia a iniciar de nuevo los trámites y a permanecer durante meses sin percibir la prestación.

La resolución evidencia deficiencias en un sistema que permite adoptar decisiones relevantes sin respaldo documental suficiente. En este sentido, el Síndic advierte de que la práctica de ofertar plazas por vía telefónica y considerar aceptadas dichas ofertas sin confirmación escrita genera inseguridad jurídica y puede derivar en perjuicios económicos como el analizado.

Asimismo, el Síndic solicita la revisión del caso concreto, la retroacción de las actuaciones al momento de la renuncia y el reconocimiento del derecho a percibir la prestación desde que fue retirada.

Consulta nuestra resolución.

Luna reprocha a Les Corts su falta de interés por escuchar al Síndic y advierte de una deriva institucional peligrosa

El defensor denuncia que 2025 marca un punto crítico con reformas que debilitan la posición del Síndic y amenazan la autonomía de las instituciones estatutarias.

El Informe anual de 2025, con más de 5.000 quejas y 23.100 consultas ciudadanas, confirma el crecimiento sostenido de la actividad de la institución.

En casi el 80% de las quejas recibidas se ha vulnerado el derecho a una buena Administración, por falta de respuesta a las solicitudes o reclamaciones de la ciudadanía.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, acompañado de la adjunta primera, Concha Bru, y del segundo, Carlos Castillo, ha presentado hoy en Les Corts su Informe anual 2025 en el que alerta del grave deterioro de la relación entre ambas instituciones, así como del riesgo que suponen las reformas llevadas a cabo por el parlamento autonómico para las instituciones estatutarias.

Este es el último Informe anual que Luna presenta dentro del periodo ordinario de su mandato, que concluye en diciembre de este año 2026. Por ello, el defensor ha incorporado al documento un balance de la deriva de la relación institucional con Les Corts durante los siete años que lleva en el cargo, y de la evolución de los principales problemas de la ciudadanía en este mismo periodo de tiempo.

Pérdida de presencia en sede parlamentaria

Desde que asumió el cargo en 2019, Ángel Luna ofreció diálogo y cooperación a Les Corts para fortalecer la defensa de los derechos de la ciudadanía, pero esa disposición nunca obtuvo respuesta. Esa desafección prolongada se ha agravado notablemente a partir del ejercicio de 2025, por la falta de interlocución, la pérdida de presencia en sede parlamentaria y la aprobación de reformas que “reducen la visibilidad y el papel del Síndic como defensor de los derechos y las libertades de la ciudadanía valenciana.” El defensor también ha señalado que estos cambios abren la puerta a intervenir los presupuestos de las instituciones estatutarias, poniendo en cuestión el marco de garantías previsto en el Estatut para estos organismos.

Resulta especialmente relevante que en 2025 el Síndic no pudiera informar a Les Corts sobre las quejas y preocupaciones de la ciudadanía, como le exige el Estatut, porque la Cámara no lo convocó y el defensor necesita una cita para poder comparecer. Esto demuestra una evidente falta de interés institucional de la Cámara por conocer los problemas que los habitantes de nuestra Comunitat trasladaron al defensor. «Cerrar la puerta a la presencia del Síndic en les Corts supone desairar a los ciudadanos», afirma Luna.

Además, el síndic sostiene que otro de los hechos más significativos de 2025 ha sido la modificación del Reglamento de Les Corts, “que carga de interrogantes el futuro de las instituciones estatutarias con el parlamento valenciano”, ha declarado Luna.

En lo que respecta al Síndic de Greuges, llama la atención que el nuevo Reglamento de Les Corts no se acomode a lo dispuesto por la Ley del Síndic sobre la exposición de contenidos del Informe anual. La ley distingue entre la presentación formal del informe y su exposición pública, que es la que garantiza que el pleno de la Cámara conozca de forma directa los problemas que la ciudadanía traslada al Síndic. Suprimir la comparecencia ante el pleno, advierte Luna, supondría una evidente reducción del papel institucional del Síndic. “A nadie se le escapa que la comparecencia del Síndic ante el pleno dota el contenido de su informe de mayor trascendencia y repercusión pública, que si lo hiciese ante una comisión”, ha sostenido el síndic.

Riesgo de presión política en los organismos estatutarios

La reforma incorpora, además, una disposición que abre la puerta a intervenir las partidas presupuestarias de las instituciones estatutarias durante la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat. Aunque la redacción es ambigua, el Síndic señala que este cambio introduce un riesgo de presión política contrario a la autonomía e independencia que el Estatut protege mediante mayorías cualificadas.

En su informe, el Síndic también da cuenta del episodio que afectó en 2025 a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, cuyo presupuesto fue modificado durante la tramitación parlamentaria hasta comprometer su funcionamiento y anular en la práctica su autonomía orgánica y presupuestaria. Tras la solicitud de la presidenta de la institución, el Síndic pidió al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Aunque este no llegó a materializarse, sí se emitió una recomendación al Consell para corregir la situación y salvaguardar la independencia de la entidad lingüística.

Para el Síndic, este episodio constituye una señal de alarma, especialmente cuando coincide con una reforma reglamentaria que permite precisamente intervenir los presupuestos de las instituciones estatutarias. El defensor advierte de que decisiones de este tipo vulneran el equilibrio institucional previsto en el Estatut, que exige mayorías reforzadas para proteger la autonomía de los organismos que garantizan derechos y libertades.

Luna reivindica el papel del Síndic como defensor independiente y recuerda que “la salud democrática de la Comunitat Valenciana depende, en buena medida, del respeto y la estabilidad de sus instituciones estatutarias”.

Una institución más activa que nunca

El Informe anual 2025 recoge un incremento muy significativo de la actividad del Síndic, con más de 28.100 actuaciones entre consultas y quejas. La oficina de atención ciudadana del Síndic atendió 23.137 consultas, lo que supone un aumento de casi el 25% respecto al año anterior. Además, se tramitaron 5.006 quejas de la ciudadanía, un 5% más que en 2024, y se iniciaron 12 investigaciones de oficio.

Cabe destacar que tres de las quejas de oficio se abrieron para supervisar las actuaciones de las administraciones públicas posteriores a la DANA 2024 en materia de Servicios Sociales, Educación y Vivienda. Estas investigaciones se unieron en un único expediente que ha derivado en un Informe Especial, que ofrece una visión global del impacto de la DANA 2024, analiza la respuesta de los distintos sistemas públicos y formula recomendaciones para mejorar la preparación y capacidad de reacción ante futuras catástrofes. En el Informe anual se incluye un resumen de este Informe Especial DANA.

Nula colaboración entre Gobierno central y Consell en la reconstrucción

El problema de la falta de coordinación entre administraciones a la hora de atender a la ciudadanía afectada por la DANA fue una constante durante 2025, sobre todo entre la central y la autonómica. Esa ausencia de colaboración entre el Gobierno central y la Generalitat dificultó el avance de los trabajos de reconstrucción, perjudicando a cientos de miles de personas damnificadas. “Si algo ha venido a demostrar de forma palmaria el trágico episodio de la DANA es que, en situaciones de crisis, y sobre todo en contextos de polarización extrema como los actuales, fallan los mecanismos de cooperación entre los diferentes niveles de las administraciones. No ha existido ni una mínima interlocución, en clave colaborativa, entre la Administración estatal y la Generalitat”, ha subrayado Luna.

Consciente de la gravedad de esta situación, el síndic, Ángel Luna, convocó en la sede del Síndic una reunión de trabajo con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Ese encuentro concluyó con la decisión de abrir una queja de oficio por parte del Defensor del Pueblo, dirigida tanto al Gobierno central como al Consell, para instarles a poner en marcha la Comisión Mixta de reconstrucción y recuperación, así como a impulsar esa imprescindible cooperación institucional. Finalmente, la Comisión Mixta se creó el 4 de febrero de 2026.

Atasco irresoluble de los Servicios Sociales

Al igual que en años anteriores, los asuntos relacionados con el área de Servicios Sociales fueron, con enorme diferencia, los más numerosos y alcanzaron un total de 1.900 quejas. De ellas, la mayoría estaban relacionadas con el reconocimiento y las ayudas de la dependencia y las demoras en la valoración de la discapacidad.

A pesar de que durante 2025 las quejas sobre la dependencia experimentaron un ligero descenso siguen siendo el principal foco de reclamaciones del Síndic y representan cerca del 65% del total de las presentadas en esta materia y algo más del 30% de la totalidad de las admitidas a trámite en la institución.

El actual equipo del Síndic de Greuges ha venido advirtiendo desde su primer Informe anual en 2020 de los problemas derivados del diseño del funcionamiento de los servicios sociales en la Comunitat, que obligan a una doble valoración por parte de los equipos sociales municipales y de los de la Conselleria. Luna ha lamentado que “no se ha hecho nada relevante para simplificar los procedimientos que están atascando los servicios sociales de forma irresoluble”.

Asimismo, durante 2025 el Síndic volvió a comprobar la problemática que se genera cada vez que llegan a su fin los contratos programa suscritos, ahora por periodos cuatrienales, entre la Conselleria competente en Servicios Sociales y los ayuntamientos que participan en la gestión de algunos servicios y programas. Esto sucede porque las administraciones locales no pueden contar con plantillas estables ya que la contratación de personal está sujeta a que reciban la subvención.

Ni transparencia ni buena administración

Las quejas por falta de transparencia y acceso a la información pública se consolidan como las segundas más numerosas presentadas por la ciudadanía ante el Síndic, a pesar de que en 2025 registraron un ligero descenso, pasando de 432 a 412; pero la gravedad de la situación persiste.

El Síndic recuerda que, con los medios de los que disponen hoy las administraciones, la falta de transparencia no puede atribuirse a problemas técnicos ni a limitaciones derivadas de la protección de datos, sino que responde a una falta de voluntad política que compromete la calidad democrática.

Los efectos de la falta de transparencia son evidentes: se deteriora la rendición de cuentas, se dificulta la participación política y crece la desafección ciudadana al percibirse que los responsables públicos priorizan el enfrentamiento partidista frente a la solución de los problemas reales. En este contexto, el Síndic alerta de que, sin mecanismos claros de transparencia y control, las administraciones corren el riesgo de actuar al servicio de intereses particulares, alejándose del interés general y favoreciendo un uso privilegiado de los recursos públicos.

Además, Luna insiste en que sin transparencia no puede haber buena administración y la vulneración del derecho a una buena administración continúa siendo el principal motivo de queja de los ciudadanos. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha hecho de la defensa del derecho a una buena administración uno de los ejes de su actuación. Recogido por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, permite denunciar comportamientos inapropiados de las administraciones, cuando estos se amparan en la opacidad o la falta de respuesta.

De hecho, el 90% de las quejas que la ciudadanía presenta ante el Síndic denuncia, en primer lugar, la falta de respuesta a sus solicitudes y reclamaciones. Esta es una práctica habitual, incompatible con una administración que debe situar a las personas en el centro de su actuación. Esta falta de información no solo genera indefensión, sino que abre la puerta a la arbitrariedad, los errores y los abusos de poder.

Ayudas a la vivienda eliminadas en los presupuestos de la Generalitat

Por último, es preciso mencionar la gravedad del creciente problema social de la vivienda que, aunque no en números absolutos, en porcentaje de quejas se ha duplicado con creces en los últimos cinco años. Si antes de la DANA de 2024 la situación de la vivienda ya era precaria, “ahora, las administraciones públicas tendrán que realizar enormes esfuerzos para, más allá de recomponer, mejorar una situación dramática”, ha manifestado el síndic.

Tal y como ha reiterado el Síndic en muchas resoluciones, la vivienda constituye un elemento básico en la vida de las personas, y si se carece de ella es imposible acceder a otros derechos fundamentales.

Por ello, este Informe anual 2025 hace referencia a la desagradable sorpresa que supuso advertir que la Ley de Presupuestos de la Generalitat correspondiente a 2025 eliminó el procedimiento para conceder ayudas ante la inexistencia de viviendas disponibles para adjudicar. Este procedimiento estuvo vigente durante los ejercicios 2023 y 2024 y se eliminó de forma incomprensible.

Esta institución ha trasladado a la Conselleria de Vivienda que esa medida es un grave paso atrás y limita seriamente las posibilidades de acceso a una vivienda para determinados colectivos.

ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS DEL INFORME ANUAL 2025

Tabla 2. Quejas de la ciudadanía iniciadas en 2025

	2024		2025		Variación 2025-2024
Tipo	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Admitidas	3.941	82,62	4.145	82,80	204	5,18
Inadmitidas	720	15,09	775	15,48	55	7,64
Trasladadas a otras defensorías	109	2,29	86	1,72	-23	-21,10
Total	4.770	100,00	5.006	100,00	236	4,95

Tabla 6. Lugar de residencia de las personas que presentaron quejas en 2025

	2024				2025				Variación 2025-2024
Provincia	Hab.	Nº	%	Q/100 k hab.	Hab.	Nº	%	Q/100 k hab.	Hab.	Nº	%	Q/100 k hab.
Alicante	1.991.259	2.043	42,83	102,60	2.033.566	2.154	43,03	105,92	42.307	111	5,43	3,32
Castellón	615.849	395	8,28	64,14	627.620	354	7,07	56,40	11.771	-41	-10,38	-7,74
Valencia	2.709.433	2.278	47,76	84,08	2.763.996	2.354	47,02	85,17	54.563	76	3,34	1,09
Comunitat Valenciana	5.316.541	4.716	98,87	88,70	5.425.182	4.862	97,12	89,62	108.641	146	3,10	0,92
Otros/No especificado	–	54	1,13	–	–	144	2,88	–	–	90	166,67	–

Se utilizan las siguientes abreviaturas: Hab. (Habitantes), Nº (Número de quejas), % (Porcentaje de quejas), Q/100 k hab. (Quejas por 100.000 habitantes)

Los datos de población son los que proporciona el INE para los años 2024 y 2025.

El dato de quejas por 100.000 habitantes solo se ofrece para la Comunitat Valenciana y las provincias que la integran, pues carece de sentido para otros orígenes.

Tabla 8. Materia de las quejas de la ciudadanía iniciadas en 2025 y admitidas a trámite

	2024		2025		Variación 2025-2024
Materia	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Servicios sociales	1.888	47,91	1.962	47,33	74	3,92
Sanidad	122	3,10	139	3,35	17	13,93
Educación	207	5,25	107	2,58	-100	-48,31
Vivienda	164	4,16	170	4,10	6	3,66
Empleo	247	6,27	341	8,23	94	38,06
Transparencia	432	10,96	412	9,94	-20	-4,63
Procedimientos administrativos	200	5,07	239	5,77	39	19,50
Hacienda pública	80	2,03	107	2,58	27	33,75
Servicios públicos y medio ambiente	317	8,04	399	9,63	82	25,87
Urbanismo	128	3,25	141	3,40	13	10,16
Industria, agricultura, comercio y turismo	19	0,48	19	0,46	0	0,00
Justicia y administración corporativa	27	0,69	33	0,80	6	22,22
Infancia y adolescencia	56	1,42	24	0,58	-32	-57,14
Deporte y cultura	39	0,99	26	0,63	-13	-33,33
Derechos lingüísticos	15	0,38	26	0,63	11	73,33
Total	3.941	100,00	4.145	100,00	204	5,18

Tabla 14 Grado de colaboración de las Administraciones investigadas (Consell y ayuntamientos) en quejas cerradas en 2025

Administración	Total quejas	Sí colabora	No colabora	% colabora
Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda	2298	1476	822	64,23
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo	197	164	33	83,25
Conselleria de Sanidad	171	153	18	89,47
Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia	131	131		100,00
Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio	66	34	32	51,52
Conselleria de Justicia y Administración Pública	52	46	6	88,46
Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio	25	22	3	88,00
Conselleria de Hacienda y Economía	17	14	3	82,35
Conselleria de Educación, Cultura y Universidades	11	11		100,00
Conselleria de Emergencias e Interior	7	5	2	71,43
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca	3	3		100,00
Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública	3	3		100,00
Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación	3		3	0,00
Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación	2	2		100,00
Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad	2	2		100,00
Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Com. Valenciana	1	1		100,00
Presidencia de la Generalitat Valenciana	7	7		100,00
Total Consell	2996	2074	922	69,23
LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación)	5	4	1	80,00
Universitat Jaume I	2	1	1	50,00
Universitat de València	2	1	1	50,00
Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl	1		1	0,00
Total otras entidades autonómicas	10	6	4	60,00
Ayuntamientos de la provincia de Alicante	802	496	306	61,85
Ayuntamientos de la provincia de Castellón	157	93	64	59,24
Ayuntamientos de la provincia de Valencia	751	480	271	63,91
Total ayuntamientos	1710	1069	641	62,51

Tabla 17. Evolución de las materias de las quejas de la ciudadanía iniciadas cada año, de 2021 a 2025

Materia	2021		2022		2023		2024		2025		Variación 2025-2024
Materia	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Servicios sociales	1.040	36,34	1.032	35,49	1.264	41,66	1.888	47,91	1.962	47,33	74	3,92
Sanidad	172	6,01	147	5,06	121	3,99	122	3,10	139	3,35	17	13,93
Educación	96	3,35	125	4,30	76	2,50	207	5,25	107	2,58	-100	-48,31
Vivienda	78	2,73	87	2,99	132	4,35	164	4,16	170	4,10	6	3,66
Empleo	241	8,42	288	9,90	208	6,86	247	6,27	341	8,23	94	38,06
Transparencia	314	10,97	286	9,83	301	9,92	432	10,96	412	9,94	-20	-4,63
Procedimientos administrativos	193	6,74	223	7,67	259	8,54	200	5,07	239	5,77	39	19,50
Hacienda pública	95	3,32	98	3,37	74	2,44	80	2,03	107	2,58	27	33,75
Servicios públicos y medio ambiente	363	12,68	350	12,04	347	11,44	317	8,04	399	9,63	82	25,87
Urbanismo	117	4,09	115	3,95	113	3,72	128	3,25	141	3,40	13	10,16
Industria, agricultura, comercio y turismo	24	0,84	31	1,07	27	0,89	19	0,48	19	0,46	0	0,00
Justicia y administración corporativa	33	1,15	28	0,96	22	0,73	27	0,69	33	0,80	6	22,22
Infancia y adolescencia	37	1,29	34	1,17	50	1,65	56	1,42	24	0,58	-32	-57,14
Deporte y cultura	36	1,26	34	1,17	25	0,82	39	0,99	26	0,63	-13	-33,33
Derechos lingüísticos	23	0,80	30	1,03	15	0,49	15	0,38	26	0,63	11	73,33
Total	2.862	100	2.908	100	3.034	100	3.941	100	4.145	100	204	5,18

En las columnas referidas a los años:

Nº significa número de quejas
% significa porcentaje respecto del total de quejas de ese año.

En las columnas tituladas variación 2025-2024:

Nº significa diferencia entre el número de quejas en 2024 y 2025

Nº = nº quejas 2025 – nº quejas 2024

% significa porcentaje de variación respecto del número de quejas de la materia en 2024

% = (nº quejas 2025 – nº quejas 2024) / nº quejas 2024

Consulta el Informe anual 2025 en la web del Síndic.

Consulta el Informe especial Dana 2024 en la web del Síndic.

El Síndic urge al Ayuntamiento de Gandia a actuar por las molestias de un chalet usado para fiestas y alquiler turístico sin licencia

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado al Ayuntamiento de Gandia a adoptar medidas para poner fin a la actividad de una vivienda en el campo que presuntamente se utiliza para la celebración de fiestas y eventos sin contar con autorización administrativa.

La actuación del Síndic se inició tras la queja presentada por una vecina, que denunciaba las molestias por ruido procedentes de una casa situada en una zona rural, donde desde hace años se organizan fiestas con música amplificada en el exterior y gran afluencia de personas. Según la reclamante, el inmueble se alquila para este tipo de eventos pese a no figurar registrado como vivienda turística.

Tras solicitar información al Ayuntamiento, la institución ha constatado que la policía local ha intervenido en varias ocasiones por avisos relacionados con música a alto volumen. Asimismo, las comprobaciones municipales han confirmado que la vivienda no dispone de licencia de actividad y que el uso turístico es incompatible con la normativa urbanística aplicable a la parcela.

El Ayuntamiento ha trasladado los hechos a distintos departamentos municipales y a la Dirección General de Turismo de la Generalitat Valenciana para determinar posibles infracciones administrativas.

En su resolución, el Síndic considera que la administración local ha realizado actuaciones de investigación y control. No obstante, advierte de que no consta que se hayan adoptado todavía medidas concretas que garanticen el cese de una actividad no autorizada que estaría generando molestias a los vecinos.

Por ello, la institución ha insistido al Ayuntamiento de Gandia sobre la necesidad de actuar con rapidez y determinación para restaurar la legalidad y proteger los derechos de los vecinos al descanso, a la salud y a disfrutar de una vivienda y un entorno adecuados.

Consulta nuestra actuación sobre este asunto.

Casi cinco años de espera para una vivienda: el Síndic exige soluciones reales

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, lo viene reiterando: el derecho a la vivienda es un derecho subjetivo reconocido por ley y, como tal, obliga a las administraciones públicas a garantizar una solución real y efectiva cuando una persona acredita necesidad.

La institución ha tramitado la queja de una familia con menores de edad que llevaba casi cinco años inscrita como demandante de vivienda pública, tras presentar solicitudes en 2020, 2021 y 2025, sin haber obtenido una respuesta que resolviera de forma efectiva su situación.

En su resolución, el Síndic reitera su doctrina en materia de acceso a la vivienda: en la Comunitat Valenciana este derecho tiene carácter subjetivo y obliga a las administraciones a actuar cuando existe una necesidad acreditada. La mera permanencia en una lista de espera no satisface el derecho reconocido por la ley.

La resolución del defensor del pueblo valenciano insiste en que el sistema previsto en la Ley de Función Social de la Vivienda exige una actuación integral ante situaciones de necesidad habitacional. No basta con mantener a la persona inscrita; debe ofrecerse una respuesta concreta que garantice el acceso efectivo a una vivienda digna. La falta de disponibilidad inmediata de vivienda pública no puede justificar la ausencia de respuesta. Cuando no es posible adjudicar una vivienda del parque público, deben activarse los mecanismos alternativos previstos en la normativa, incluidas ayudas económicas u otras soluciones habitacionales.

Asimismo, Luna subraya que, cuando existen menores en la unidad familiar, su interés superior debe ser prioritario en todas las decisiones administrativas relacionadas con el acceso a la vivienda.

El Síndic dirigió recomendaciones tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la Conselleria competente en materia de vivienda, instando a ambas administraciones a ofrecer una solución efectiva y a no limitarse a mantener a la familia en lista de espera.

A la Conselleria le recordó la obligación de dictar resoluciones en plazo, activar ayudas alternativas cuando no haya vivienda disponible y adoptar medidas para reforzar el parque público. Al Ayuntamiento le exigió una actuación coordinada y una respuesta concreta ante la situación de necesidad planteada.

En la resolución de cierre, tanto el Ayuntamiento de Alicante como la Conselleria aceptaron las recomendaciones formuladas y se comprometieron a adoptar las actuaciones necesarias.

Consulta el expediente:

El Síndic pide a Educación que resuelva ya una solicitud de transporte escolar en un caso de custodia compartida

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que resuelva a la mayor brevedad una solicitud de autorización excepcional de transporte escolar presentada por el padre de una alumna de ESO escolarizada en un IES de Bétera, en régimen de custodia compartida.

La queja se presentó porque la menor solo podía utilizar la parada de autobús correspondiente al domicilio en el que está empadronada, aunque reside de forma alterna en dos domicilios. La Administración educativa informó de que, según la normativa vigente, cada alumno dispone únicamente de una plaza de transporte escolar vinculada al domicilio habitual declarado a efectos de escolarización, por lo que no se permiten dos rutas ni dos paradas simultáneamente.

No obstante, la Resolución de 1 de julio de 2025 prevé la posibilidad de pedir una autorización excepcional de uso del transporte escolar, especialmente cuando en una localidad no exista transporte público regular que permita llegar al centro educativo. La resolución de estas peticiones corresponde a la Dirección General de Centros Docentes.

El defensor del pueblo valenciano recuerda que, si un órgano administrativo entiende que no es competente para resolver una solicitud, tiene la obligación de enviarla al órgano que sí pueda decidir y comunicarlo a la persona interesada. En este caso, considera que la Dirección Territorial debió trasladar la solicitud al órgano competente para que fuera este quien la resolviera.

Por ello, el Síndic ha recomendado a la Conselleria que, dado el tiempo transcurrido y lo avanzado del curso, resuelva cuanto antes la nueva petición presentada por el padre y que actúe con el máximo rigor cuando una solicitud deba ser enviada al órgano competente.

Consulta la resolución sobre este asunto.

El Síndic insta a Sanidad a garantizar una farmacia de guardia en Picassent

Luna reprocha la falta de respuesta a una reclamación ciudadana y recuerda que el municipio está obligado por ley a contar con este servicio

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha emitido una resolución en la que reprocha a la Conselleria de Sanidad no haber respondido dentro del plazo legal a una reclamación ciudadana y reclama que el municipio de Picassent disponga de una farmacia de guardia, tal y como establece la normativa vigente.

El origen del caso se sitúa en una queja presentada por un ciudadano ante la Conselleria de Sanidad en diciembre de 2024, en la que denunciaba la ausencia de una oficina de farmacia de guardia en el municipio, pese a que Picassent supera los 20.000 habitantes y cuenta con un centro de salud con atención continuada, circunstancias que obligan legalmente a disponer de este servicio, esencial para atender urgencias nocturnas y de fines de semana.

El Síndic ha constatado que la Conselleria de Sanidad no actuó ni respondió en plazo, pese a tratarse de un servicio esencial, recordando que esta falta de actuación vulnera el derecho de la ciudadanía a una buena administración.

La resolución aclara, además, que la reciente modificación de la normativa autonómica sobre la organización de las guardias farmacéuticas no elimina ni reduce esta obligación, por lo que no puede servir como justificación ni para la falta de cobertura del servicio ni para el retraso administrativo.

Por todo ello, el Síndic urge a la Conselleria de Sanidad a resolver de forma expresa la reclamación presentada, a verificar mediante inspección que Picassent dispone efectivamente de farmacia de guardia y a adoptar las medidas necesarias para corregir cualquier deficiencia detectada, garantizando así la asistencia farmacéutica permanente que exige la ley.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic urge al Ayuntamiento de Alicante a conceder una tarjeta de estacionamiento para un menor con discapacidad

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna González, ha recomendado al Ayuntamiento de Alicante que resuelva de forma inmediata la solicitud de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad presentada para un menor con discapacidad y movilidad reducida, una vez superado ampliamente el plazo máximo previsto en la normativa municipal.

El defensor del pueblo valenciano subraya que la tarjeta de estacionamiento es un recurso esencial para facilitar la movilidad, la autonomía personal y la participación social del menor. En este sentido, advierte de que la demora del Ayuntamiento en resolver la solicitud ha causado un perjuicio real y efectivo en un caso especialmente sensible, al afectar a un menor. Una situación que no hace más que incrementar la incertidumbre y la carga que soportan las familias con personas con diversidad funcional a su cargo, al limitar de forma directa el acceso a estos apoyos básicos en la vida cotidiana.

Por otra parte, Luna ha recordado al Ayuntamiento de Alicante su deber de colaboración con el Síndic, tras no atender los requerimientos de información formulados durante la tramitación de la queja.

Consulta la resolución de consideraciones de este caso.

El Síndic reprocha a Servicios Sociales su inactividad en reconocer la dependencia de un menor y el perjuicio económico causado

La Administración tardó cerca de dos años en informar de una incompatibilidad, provocando gastos a la familia que el defensor insta a compensar

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha emitido una resolución en la que denuncia la “absoluta inactividad” de la Conselleria de Servicios Sociales en la tramitación del Programa Individual de Atención (PIA) de un menor de edad. La institución alerta de que esta desatención administrativa ha vulnerado el derecho a una buena administración y ha causado un daño económico directo a la familia.

La actuación del defensor del pueblo valenciano se inició tras la queja por la demora en resolver una prestación vinculada al servicio de prevención y promoción de la autonomía personal, solicitada en septiembre de 2023.

De la investigación del Síndic se desprende que la familia solo tuvo conocimiento de que la prestación era incompatible con la asistencia a un Centro de Atención Temprana (CAT) casi dos años después de iniciar los trámites y tras la intervención de la institución.

La incompatibilidad está prevista en la normativa autonómica, pero el Síndic reprocha que no se informara de ella en tiempo y forma, lo que impidió a la familia tomar una decisión con conocimiento y la obligó a asumir el coste de servicios de prevención, generando un perjuicio económico que considera cuantificable.

La resolución también subraya la falta de agilidad de la Administración en un expediente que afecta a un menor, ignorando la urgencia que exige la normativa de infancia ante el efecto irreversible del paso del tiempo en el desarrollo infantil.

El Síndic formuló varias recomendaciones a la Conselleria, entre ellas resolver con urgencia la prestación pendiente del PIA del menor y la solicitud de nuevas preferencias presentada en septiembre de 2023. Además, recomendó iniciar de oficio un expediente de responsabilidad patrimonial para compensar a la familia por los perjuicios económicos derivados del funcionamiento anormal de la Administración, informando de la decisión adoptada.

Sin embargo, la Conselleria no ha asumido la apertura de dicho expediente de oficio y se ha limitado a remitir a la familia a los servicios sociales municipales para nuevos trámites.

Consulta la actuación del Síndic en este asunto.

El Síndic insta a mejorar la atención en el Registro Civil de Castellón

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado a la Conselleria de Justicia y Administración Pública que adopte medidas para mejorar el funcionamiento del sistema de cita previa del Registro Civil de Castellón de la Plana y adaptarlo a la demanda de la ciudadanía.

La actuación del defensor del pueblo valenciano se inició tras la queja de una ciudadana que, durante dos meses, intentó sin éxito obtener una cita para tramitar la nacionalidad de su hijo. Según expuso, el sistema telemático no ofrecía citas disponibles y, al acudir presencialmente al Registro Civil, se le indicó que debía seguir intentándolo por vía electrónica.

En su informe al Síndic, la Conselleria señaló que el Registro Civil cuenta con una plantilla de ocho funcionarios y que se han autorizado tres puestos de refuerzo, si bien reconoció que la elevada demanda para los trámites de nacionalidad provoca que las citas disponibles se agoten rápidamente.

Tras analizar el caso, Luna ha recordado que, aunque la gestión del sistema de cita previa corresponde a cada oficina, la Generalitat debe velar por una Administración de Justicia sin demoras indebidas y próxima a la ciudadanía. La resolución ha concluido que el sistema actual presenta carencias en materia de información, transparencia y agilidad.

Por ello, el Síndic ha recomendado informar de forma expresa a la ciudadanía de las alternativas existentes cuando no se pueda obtener cita previa, incluida la posibilidad de atención presencial y las condiciones para acceder a ella; informar también del derecho a presentar reclamaciones cuando la imposibilidad de obtener cita no sea imputable a la persona interesada; y dotar de recursos personales y materiales adecuados a los registros civiles que acrediten un aumento de la demanda.

La Conselleria dispone de un plazo máximo de un mes para comunicar si acepta estas recomendaciones y las medidas que prevé adoptar.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic recomienda a Chóvar eliminar tarifas discriminatorias en la piscina municipal

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado al Ayuntamiento de Chóvar que revise y modifique la ordenanza reguladora de las tasas de la piscina municipal para garantizar un trato igualitario a todas las personas usuarias, con independencia de que estén o no empadronadas en el municipio.

La institución considera que establecer precios diferenciados por razón de empadronamiento vulnera el principio constitucional de igualdad y no resulta conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sólo admite diferencias tarifarias cuando existan razones objetivas, proporcionadas y debidamente justificadas, como criterios económicos, y siempre con respaldo normativo adecuado.

Además, el Síndic insta al Ayuntamiento a responder de manera clara y motivada a las reclamaciones presentadas por la ciudadanía, recordando que la falta de contestación vulnera el derecho a una buena administración y el deber legal de resolver en plazo los escritos presentados ante la Administración.

Estas recomendaciones se producen tras la tramitación de una queja presentada por un representante de los residentes del municipio, en la que se denunciaba tanto la aplicación de bonificaciones a favor de las personas empadronadas como la ausencia de respuesta municipal a una reclamación previa.

Durante la investigación, el Ayuntamiento no remitió la información solicitada por el Síndic ni respondió a los requerimientos efectuados. Ante esta situación, el Síndic ha dejado constancia de la falta de colaboración del consistorio y recuerda que las administraciones públicas están obligadas a colaborar con esta institución y a responder justificadamente sobre la aceptación o rechazo de sus recomendaciones.

Consulta el expediente de queja sobre este asunto:

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