El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha presentado hoy en Les Corts Valencianes un informe monográfico que analiza en profundidad la eficacia de los recursos desarrollados por la Administración en relación a la atención a las mujeres y a sus hijas/os víctimas de violencia de género. El estudio unifica toda la información sobre medios humanos y materiales, así como los dispositivos con los que cuenta la Comunidad Valenciana en la actualidad para proporcionar a las víctimas de violencia de género el desarrollo de una vida digna y al mismo tiempo proteger su integridad física, psíquica y emocional.

En el trascurso de la investigación, el defensor del pueblo valenciano solicitó informes a las distintas administraciones (consellerias, diputaciones y ayuntamientos) con el fin de conocer los recursos dedicados a la lucha contra la violencia de género. Igualmente durante esta fase, personal técnico del Síndic visitó veinticinco centros de atención a mujeres en su diversa tipología, entrevistándose con un total de 150 personas entre responsables, trabajadoras de los equipos de atención y usuarias de estos espacios. El objetivo: saber cómo conviven, cómo trabajan, cómo se sienten con los recursos y servicios que se ofrecen y conocer de primera mano sus necesidades y  propuestas de mejoras.

La finalidad del trabajo del Síndic no es otra más que ayudar a mejorar las acciones de la Administración en cuanto a la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género así como a sus hijas e hijos. Para ello, el defensor del pueblo valenciano concluye su informe con un centenar de sugerencias y recomendaciones dirigidas a la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia contra la Mujer, a la Generalitat, a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

LA MAYORÍA DE LAS VÍCTIMAS SIGUE SIN DENUNCIAR

Una de las primeras conclusiones a las que llega el Síndic en su informe es que la mayoría de las víctimas de violencia de género siguen sin denunciar su situación. Sobre esta cuestión el defensor afirma que “queda mucho por recorrer mientras continúen produciéndose asesinatos, agresiones, malos tratos, o mientras que las mujeres que se encuentren en esta situación no crean que el sistema las protegerá y que lo hará con eficacia”.

Por esta razón, el defensor considera que la denuncia no debe ser la única puerta de entrada para recibir protección y ayuda, sino que la Administración debe desarrollar protocolos para que las mujeres que por diversas razones no quieren o no se atreven a interponer una denuncia puedan acceder a determinados recursos, ya sean económicos o de índole psicológico- emocional.

RECOMENDACIONES A LA GENERALITAT

De entre todas las recomendaciones que el defensor valenciano dicta a todos los estamentos de la Generalitat, casi un centenar, destaca la petición realizada a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para que se implante online el Informe Médico Presunta Violencia de Género. De esta forma, en tiempo casi real, el juzgado podría activar el protocolo correspondiente si fuera necesario.

A la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el departamento con un mayor número de recomendaciones, le insta a crear dos nuevos Centros de Emergencia específicos e independientes, uno en Valencia y otro en Castellón, ya que en la actualidad solo existe un dispositivo de estas características en Alicante con doce plazas para mujeres y sus hijos/as. (El centro de emergencia es un recurso especializado de corta estancia que ofrece acogida a mujeres y a sus hijos/as con carácter inmediato, prestando el alojamiento, protección y apoyo necesario así como la intervención psicosocial adecuada a través de un equipo de profesionales).

También recomienda a esta Conselleria el desarrollo de una red de viviendas tuteladas que preste asistencia y atención a las víctimas de violencia de género y le invita a que considere la “figura de acompañamiento” en dispositivos residenciales para amparar a la mujer en los distintos trámites y gestiones que hacer durante las primeras semanas en los dispositivos. Que se revisen los reglamentos de régimen interno de los centros en lo concerniente a los incumplimientos por parte de las mujeres usuarias y que implemente mecanismos para conocer el nivel de satisfacción de las mismas.

En el marco de la asistencia jurídica gratuita, el Síndic pide a la Conselleria de Justicia que implante, de manera expresa, las guardias correspondientes al turno especializado de violencia de género y que los Colegios de Abogados establezcan que este turno de violencia se destine únicamente a la atención de mujeres y menores víctimas de malos tratos, siendo totalmente incompatible con la atención a agresores.

El síndic también recomienda a Justicia la creación de la Unidad Integral de Valoración Forense en Castellón con dotación personal y de recursos materiales, puesto que en el informe que remitió la Conselleria indicaba de manera expresa que la UIVF no existe como tal en Castellón.

SUGERENCIAS A LA DELEGACIÓN ESPECIAL DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Aunque la Administración del Gobierno escapa de las competencias del Síndic, esta institución ha considerado oportuno realizar algunas sugerencias básicas a la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia contra la Mujer y trasladar el Informe a la oficina del Defensor del Pueblo para que, si lo considera oportuno, transmita estas sugerencias al Gobierno de España.

El Síndic considera necesario, y así lo recomienda, que la Orden de Protección para la mujer víctima de violencia de género se extienda a las hijas e hijos menores a su cargo (si no se ha dictado una orden de protección expresa). Igualmente esta institución insta a que se impulsen cambios legislativos para que, tras dictarse la Orden de Protección a los menores, se suspenda automáticamente la patria potestad al progenitor violento con la finalidad de garantizar la seguridad y el bienestar de dichos menores. Y es que para el defensor del pueblo valenciano es inadmisible que las hijas e hijos de mujeres maltratadas necesiten la autorización del maltratador para recibir atención psicológica o para realizar un cambio de centro escolar o sanitario.

Además, el Síndic pide que se publiquen en el Portal Estadístico del Observatorio de Género las sentencias firmes por maltrato y que se establezcan derechos económicos de orfandad para las y los menores que quedan huérfanos tras el homicidio de su madre cuando ésta no fuera titular o beneficiaria de la Seguridad Social.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, hará público la próxima semana un informe especial que analiza en profundidad la eficacia de los recursos desarrollados por la Administración en relación a la atención a las mujeres y a sus hijas/os víctimas de violencia de género. El estudio unifica toda la información sobre medios humanos y materiales, así como los dispositivos con los que cuenta la Comunidad Valenciana en la actualidad.

En un primer lugar, el defensor del pueblo valenciano solicitó informes a las distintas administraciones (consellerias, diputaciones y ayuntamientos) para conocer los recursos dedicados a la lucha contra la violencia de género. Igualmente, en el transcurso de la investigación, personal técnico del Síndic ha visitado  25 centros de atención a mujeres en su diversa tipología y se han entrevistado con un total de 150 personas entre responsables, trabajadoras y usuarias de estos espacios. El objetivo: saber cómo conviven, cómo trabajan, cómo se sienten con los recursos y servicios que se ofrecen y conocer de primera mano sus necesidades y  propuestas de mejoras.

El informe presta una especial atención a los menores víctimas de violencia de género. Sobre esta cuestión, el Síndic considera necesario que la Orden de Protección para la mujer víctima de violencia de género debe extenderse a las hijas e hijos menores a su cargo (si no se ha dictado una orden de protección expresa). Igualmente esta institución insta a que se impulsen cambios legislativos para que, tras dictarse la Orden de Protección a los menores, se suspenda automáticamente la patria potestad al progenitor violento con la finalidad de garantizar la seguridad y el bienestar de dichos menores. Y es que para el defensor del pueblo valenciano es inadmisible que las hijas e hijos de mujeres maltratadas necesiten la autorización del maltratador para recibir atención psicológica o para realizar un cambio de centro escolar o sanitario.

Por otro lado, los datos que publica el Síndic en su informe corroboran que la mayoría de las víctimas de violencia de género no ha denunciado su situación. “Queda mucho por recorrer mientras continúen produciéndose asesinatos, acosos, malos tratos, o mientras que las mujeres que se encuentren en esta situación no crean que el sistema las protegerá y que lo hará con eficacia”. No obstante, ante este gran número de mujeres que por diversas razones no quieren interponer una denuncia, el Síndic entiende que la Administración debe desarrollar protocolos para que este colectivo de mujeres maltratadas pueda acceder a determinados recursos, ya sean económicos o de índole psicológico- emocional.

El objetivo final del trabajo del Síndic es ayudar a mejorar las acciones de la Administración para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género así como a sus hijas e hijos el desarrollo de una vida digna y proteger su integridad física, psíquica y su bienestar.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio con el objetivo de conocer las medidas organizativas que ha adoptado o piensa adoptar la Conselleria de Justicia para dotar de medios materiales y humanos a los Juzgados especializados en cláusulas suelo y así poder atender las demandas que, en relación con esta materia, presentan las ciudadanas y ciudadanos valencianos.

El pasado 25 de mayo, el Consejo General del Poder Judicial acordó, en su sesión plenaria, atribuir a 54 juzgados de Primera Instancia de España la especialización de los asuntos relativos a demandas y litigios sobre cláusulas bancarias abusivas, una medida que entró en funcionamiento el pasado 1 de junio. En el caso de la Comunidad Valenciana, el referido acuerdo fijó que en la provincia de Alicante esta especialización recayera sobre el Juzgado de Primera Instancia nº 5, en la provincia de Castellón en el Juzgado de Primera Instancia nº6 y en Valencia en el nº 25.

Por su parte, la Sindicatura de Greuges ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, que el Juzgado de Valencia ha arrancado con una dotación de cinco funcionarios, el de la provincia de Alicante con cuatro y en la provincia de Castellón ni se ha creado, como en las otras dos provincias, un juzgado paralelo adscrito ni se han reforzado los funcionarios del mismo.

Igualmente, el Síndic ha detallado en su investigación otras incidencias que han trascendido en los medios relativas a la falta de secretario judicial en el Juzgado de Valencia, así como la precaria dotación de medios personales, materiales y de consignación de estos juzgados  para poder desempeñar sus funciones.

El defensor del pueblo valenciano es consciente de la complejidad de las competencias de la Administración autonómica de Justicia en esta materia así como del escaso tiempo de respuesta (apenas 6 días) para hacer operativa esta medida. No obstante, ante el previsible aumento de litigios relacionados con las cláusulas suelo y las expectativas de la ciudadanía en resolver sus reclamaciones, el Síndic se ha dirigido hoy a la Conselleria de Justicia solicitándole información sobre las medidas adoptadas y las que tiene previsto adoptar para garantizar el buen funcionamiento y operatividad de este nuevo organismo judicial.