El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto hoy una queja de oficio para investigar la actuación de la Administración en relación a los vertidos ocasionados en el barranco del Portixol de Ontinyent y que han sido denunciado esta semana por los medios de comunicación.

Según estos medios, el pasado sábado, el barranco del Portixol quedó cubierto de una capa de chapapote a causa del vertido de un derivado del petróleo utilizado para el asfaltado de calles procedente de una cantera cercana. La Coordinadora Ecologista de la Vall d’Albaida, por su parte, ha denunciado la falta de seguridad de la cantera a la hora de operar con este tipo de material. Asimismo ha manifestado que el producto presenta un carácter viscoso y huele a alquitrán e impregna el cauce del barranco en centenares de metros, degradando todo lo que encuentra a su paso.

A la vista de lo publicado, el Síndic quiere conocer de primera mano las medidas adoptadas tanto por el Ayuntamiento de Ontinyent como por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Vivienda para instar a la empresa que presuntamente originó el vertido a que limpie de forma urgente el barranco.

Igualmente, Cholbi solicitará información a las administraciones afectadas sobre las acciones que van a emprender para investigar los motivos que han originado este vertido y, en especial, para inspeccionar y acreditar si dicha empresa cumple con las exigencias medioambientales establecidas en la normativa vigente.

 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido a la Conselleria de Bienestar Social para recomendarle que estudie y valore incluir en los certificados de discapacidad un texto que permita identificar al portador de un certificado de incapacidad total o absoluta como persona con, al menos, un 33% de discapacidad (…).

Esta ha sido la respuesta del defensor del pueblo valenciano a la queja planteada por un representante de COCEMFE que señalaba que algunas administraciones están exigiendo que se acredite el grado de discapacidad igual o superior al 33% con el debido Certificado de Discapacidad, no dando por válido el documento de incapacidad permanente total (IPT) o el de incapacidad permanente absoluta (IPA) emitidos por la Seguridad Social, que conllevan aparejado dicho grado de discapacidad.

Además, según el promotor de la queja, la Conselleria se niega a valorar de nuevo a estas personas que tienen reconocida la incapacidad permanente total o absoluta, pues considera que esta condición ya lleva implícito un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

En esta situación tan paradójica se encuentran muchas personas con discapacidad que poseen el IPT o el IPA pero no tienen reconocido en un certificado de discapacidad el 33%. De esta forma, se  les complica acceder a ayudas o subvenciones que le corresponden, puesto que hay administraciones, especialmente en el ámbito local,  que parecen ignorar esta equiparación.

La Conselleria, por su parte, presentó un informe al Síndic en el que mantiene que no es necesario homologar reconocimientos puesto que la normativa actual es muy clara al respecto. En ella, se enumeran los documentos que acreditan el grado de minusvalía del 33%, entre ellos se encuentra tanto la resolución de incapacidad permanente total como la absoluta.

En este sentido, el Síndic reconoce los argumentos esgrimidos por la Conselleria de los que no se infiere una actuación negligente, sin embargo considera que esta postura está causando un perjuicio a muchas personas con discapacidad. Por ello, apela a la necesidad de seguir favoreciendo la inclusión de estas personas, evitando situaciones difíciles y malos entendidos. Asimismo, el Síndic advierte que el artículo 8 del RDL 1/2013 dispone que los poderes públicos podrán adoptar medidas de acción positiva destinadas a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en todos los ámbitos de la vida.

De esta manera, el Síndic considera que, dado las continuas trabas en torno a la validez de los documentos acreditativos de la discapacidad, la Conselleria debería hacer un esfuerzo por implementar una medida de acción positiva e incluir en los certificados de discapacidad un texto informativo que permita identificar al portador de un certificado de incapacidad total o absoluta como una persona con, al menos, un 33% de discapacidad.

Ver el contenido íntegro de la resolución del Síndic sobre este asunto.

La institución del Síndic de Greuges quiere mostrar su más enérgica repulsa y condena por los dos asesinatos que se han conocido entre ayer y hoy de dos mujeres, supuestamente, a manos de sus respectivas parejas.

Uno de ellos tuvo lugar hace poco más de una semana en Xàbia, donde un hombre, delante de sus hijos, golpeó a su mujer en la cabeza con una sartén de tal forma que permaneció nueve días en la UCI. Ayer falleció al no poder superar los traumatismos que le causó la brutal paliza.

El segundo se ha conocido hoy, una mujer de nacionalidad británica, desaparecida desde septiembre, ha sido hallada esta mañana en avanzado estado de descomposición. Su pareja ha confesado que la golpeó con un bastón y la mató.

Precisamente, hace tan solo dos días, esta institución dio a conocer la actualización del informe especial sobre violencia de género. Hoy más que nunca nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir trabajando con contundencia y firmeza para acabar con esta lacra. La violencia de género es un grave problema en nuestra sociedad que exige una respuesta global y coordinada por parte de todas las personas que asumimos responsabilidades dentro de la administración.

Desde esta institución queremos recordar la importancia de denunciar las situaciones de maltrato. Pero sobre todo, insistimos en la necesidad de implantar nuevas políticas en materia de prevención, perfeccionar los mecanismos legales correspondientes y realizar un mayor esfuerzo en la dotación de recursos de la red de servicios que debe proteger a las víctimas de maltrato. 

El Síndic de Greuges ha decidido actualizar el informe especial sobre la respuesta institucional a la violencia de género contra la mujer en las relaciones de pareja en la Comunidad Valenciana. Hace ahora 10 años, esta institución hizo público el primer informe en el que se analizaba esta problemática, ofreciendo una serie de recomendaciones a las carencias detectadas. Durante este tiempo, los avances en instrumentos para erradicar la violencia de género han sido muchos y diversos, pero las cifras en general y el número de víctimas en particular, obligan a seguir trabajando sobre el tema.  

Desde entonces, han surgido nuevas realidades vinculadas a esta violencia que necesitan de nuevas respuestas y acciones. Asimismo, se han aprobado nuevas leyes específicas en materia de igualdad y protección contra la violencia de género tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.

Este nuevo informe monográfico del Síndic prestará especial atención a la detección y atención a las víctimas indirectas o «invisibles», principalmente hijas e hijos que presencian esta violencia en el entorno familiar. También se ocupará de las nuevas conductas violentas y las nuevas formas de sexismo que se están produciendo de modo creciente entre la población más joven debido al uso de las nuevas tecnologías —Internet y redes sociales.

De acuerdo con el Síndic, resultan alarmantes algunos datos procedentes de la encuesta realizada por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género en 2013. De ellos se desprende que la aceptación de la violencia de control llega a un 31% de la población. En conjunto, más de un tercio de la población (36%) se muestra tolerante con alguna de las formas típicas de maltrato, proporción que se eleva a más de la mitad (54%) si se consideran las agresiones verbales derivadas de la tolerancia hacia las discusiones continuas en las relaciones de pareja o violencia verbal hacia los hijos. 

De los resultados se desprende que se ha avanzado mucho en sensibilización de la población hacia la violencia de género, pero que no ha calado de la misma forma los comportamientos más sibilinos que conllevan al maltrato psicológico, tales como la desvalorización, el control de la pareja o las agresiones verbales que también constituyen una forma de violencia de género.

Además, según el Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial las denuncias por violencia de género en la Comunidad Valenciana fueron 17.070 en 2013, una cifra todavía muy elevada. De la misma manera, el número de mujeres víctimas mortales por maltrato sigue siendo en la actualidad una cifra difícil de asumir por una sociedad democrática como la nuestra (6 víctimas durante 2014 en la Comunidad Valenciana).

Por todo ello, el Síndic de Greuges se va a dirigir a todas las administraciones implicada (autonómicas, provinciales y locales), a las asociaciones de mujeres, agentes sociales, profesionales de los equipos de atención, así como mujeres usuarias de los mismos para recabar información relativa  a los dispositivos, medidas y propuestas que existen o deberían existir para acabar con esta lacra, con el objetivo de contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad. 

Los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales.

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 1993

Con motivo del  Día Internacional de la Mujer que celebramos el 8 de marzo, la institución del Síndic de Greuges  quiere conmemorar el firme propósito de las mujeres a lo largo de la historia por conquistar sus derechos y alcanzar la igualdad. La situación de estos derechos ha avanzado en muchos aspectos importantes en las últimas décadas, pero, lamentablemente, actualmente sigue existiendo desigualdad entre los sexos .

La  plena participación en condiciones de igualdad de las mujeres en todas y cada una de las esferas de la sociedad, recogida en la Declaración de la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing,  es un objetivo que debemos tener siempre muy presentes todos las personas que asumimos responsabilidades dentro de la Administración, y muy especialmente aquellas que desempeñamos nuestras funciones en instituciones tan sensibles como el Síndic, que son garantes de los derechos de las personas.

Ciertamente, son múltiples los retos que todavía nos quedan por conseguir. Desde el ámbito de nuestras respectivas competencias debemos trabajar y colaborar para hacer realidad la autonomía económica de las mujeres, la conciliación de la vida laboral y familiar, la eliminación de la brecha y precariedad laboral y la violencia de género.

Hoy más que nunca, no podemos pasar por alto la dramática realidad de muchas mujeres en situación de exclusión social en nuestro país. Desgraciadamente, la crisis no ha afectado a hombres y mujeres por igual, así lo evidencian los datos que han hecho públicos esta semana Cruz Roja y Cáritas. Lejos de acostumbrarnos y tolerar este contexto de pobreza, debemos redoblar todos nuestros esfuerzos para promover la igualdad entre los sexos y la inserción de la mujer en el mercado laboral como medidas eficaces para combatir la  pobreza. 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, y los dos adjuntos, Ángel Luna y Carlos Morenilla, han recibido hoy la visita de Carlos Constenla, presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO).

Durante el encuentro,  los defensores han intercambiado opiniones y experiencias sobre asuntos relativos a la defensa de los derechos de la ciudadanía y a la labor de estas instituciones a la hora de supervisar la labor de la Administración. 

En este sentido, Constenla ha trasladado al Síndic su inquietud por la situación actual de las defensorías en los países latinoamericanos y la necesidad de continuar fortaleciendo dichas instituciones para garantizar la defensa de los derechos humanos en estas regiones. 

Cholbi, por su parte, ha destacado la trayectoria del actual presidente de los defensores latinoamericanos, que también es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo; ha sido defensor del pueblo de Vicente López, Buenos Aires de 1999 al 2009 y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de Argentina, entre otros cargos desempeñados.

 

 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una queja de oficio para verificar las informaciones recibidas respecto a la actuación de la Generalitat en el cobro de la tasa por la prestación de servicios de atención social, ya sea atención residencia, centro de día y de noche, vivienda tutelada, etc. 

Esta nueva tasa viene a sustituir al copago que se venía aplicando y que ha sido declarado nulo por el TSJCV, por considerar, entre otras cuestiones, que la participación económica de los usuarios en el coste de los servicios debería ser regulada como tasa y no como precio público. La medida afecta de lleno a las personas mayores y a las personas con discapacidad usuarias de estos recursos.

Durante la reunión celebrada esta semana en la sede del Síndic, los representantes de la Plataforma en defensa de la ley de la dependencia trasladaron al adjunto primero, Ángel Luna, su preocupación por la forma de proceder de la Administración autonómica para hacer efectivo el cobro de dicha tasa.

Según ha tenido conocimiento esta institución, las personas afectadas están recibiendo notificaciones en las que se les requiere los datos bancarios para domiciliar el importe de la tasa, sin haber concretado la cuantía de la misma. Además, al considerarse una tasa, se les informa de los posibles recargos que pudieran derivarse de las demoras en el pago.

Del mismo modo, el Síndic ha conocido la denuncia de la utilización de datos bancarios para cobrar dicha tasa sin autorización previa de los usuarios de centros de discapacidad.

Ante esta nueva situación, el defensor del pueblo valenciano ha considerado ineludible iniciar una investigación que ayude a vislumbrar y solventar las posibles vulneraciones de los derechos de este colectivo tan sensible. 

 

El adjunto primero del Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha mantenido hoy su primera reunión de trabajo con los nuevos representantes de la Plataforma en defensa de la ley de la dependencia de Alicante.

Durante el encuentro, el portavoz de la plataforma, Jaume Martorell, ha mostrado su preocupación por las actuaciones que se están llevando a cabo desde la Administración autonómica para hacer efectivo el cobro de las tasas que deben pagar las personas dependientes usuarias de centros y servicios.

Asimismo, los representantes de este colectivo han trasladado su inquietud por las comunicaciones que están recibiendo las personas con dependencia, en las que se les requiere que comuniquen a la Conselleria los datos de la cuenta bancaria en la que debe cargarse el importe de la tasa, sin concretar el importe de la misma;  a la vez que les informan de los posibles recargos que pudieran derivarse de las demoras en el pago.

A esta nueva problemática hay que añadir las dificultades originadas por las demoras en la tramitación de expedientes y el reconocimiento de los derechos de los herederos. Sobre estas últimas cuestiones, el Síndic no se cansa de insistir en sus recomendaciones que se agilicen los tiempos de resolución de los expedientes, que se reconozca el derecho de percepción de prestaciones a los herederos de personas dependientes fallecidas sin PIA, y  que se dote de presupuesto las partidas destinadas a la atención a la dependencia.

 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recomendado al Ayuntamiento de Elche que preste el servicio de transporte público a los vecinos de la zona de Vallongas. En este sentido, ha instado al consistorio ilicitano a dar prioridad a los servicios mínimos municipales antes de destinar recursos económicos a otras actividades y servicios secundarios y no obligatorios. 

El defensor del pueblo valenciano inició esta investigación tras recibir más de 400 escritos en los que se pedía la mediación de esta institución para que el Ayuntamiento de Elche ampliase el recorrido de la línea de autobuses R1 y así ofrecer servicio a la pedanía de Vallongas.

En sus escritos de queja, los vecinos denunciaban la situación de incomunicación en la que se encontraban y las molestias que les ocasionaba, ya que se ven obligados a recorrer una larga distancia por carretera para acceder a la parada de autobús más cercana. 

En relación con esta cuestión, el consistorio nos contestó que tras realizar un estudio sobre la posibilidad de prestar dicho servicio lo habían desestimado porque la prolongación de la línea supondría un exceso de recorrido y de tiempo de la línea actual, y un aumento en el coste económico del servicio  de unos 31 000 euros. No obstante, nos comunicaban que tendría en cuenta esta demanda para el diseño de futuras actuaciones.

Frente a los argumentos del ayuntamiento, el síndic expone que, de acuerdo con la normativa vigente, los municipios con población superior a 50 000 habitantes deben prestar transporte colectivo urbano de viajeros y que estos servicios públicos se financian sustancialmente mediante los impuestos que abonan los residentes de ese municipio.

Asimismo, el defensor también tiene en cuenta que los ayuntamientos tienen reconocida la potestad de organización para la ordenación de los medios personales, materiales y reales con objeto de conseguir una mejor prestación de los servicios públicos; al igual que tienen reconocida la potestad discrecional en algunos aspectos o la posibilidad de elegir una entre varias alternativas legalmente indiferentes basándose en criterios extrajurídicos.

Sin embargo, Cholbi argumenta que la escasez de medios económicos no puede ser una justificación total para que todavía no haya llegado el turno de mejora de transporte a la zona en cuestión. Por lo que recomienda al Ayuntamiento de Elche que de acuerdo con las prioridades establecidas por el Ayuntamiento para la prestación de servicios de transporte colectivo de viajeros, se proceda a prestar servicio a los vecinos de la zona de la Vallongas (…) en cumplimiento de la obligación de atender los servicios mínimos municipales y antes de que se destinen recursos económicos locales a otros servicios y actividades que son secundarios y no obligatorios. 

Hace unos meses, un ciudadano de Santa Pola acudió al Síndic para solicitar nuestra mediación ante la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. De la información facilitada se desprende lo siguiente: 

En febrero de 2013 fue intervenido quirúrgicamente a causa de una enfermedad grave. Tras la operación, continuó dos semanas ingresado y prosiguió con un postoperatorio complicado en el domicilio, con algún ingreso en el centro hospitalario. Durante ese mismo periodo tenía que haber renovado la tarjeta de transporte de un camión de su propiedad, pero se le olvidó. En este sentido, el afectado estuvo más preocupado por su estado de salud que por los trámites burocráticos de renovación de la misma. Cuando en abril de 2014 presentó la solicitud, la administración se la denegó por «extemporánea», habiendo agotado también el plazo para la rehabilitación de la autorización. 

Efectivamente, el autor de la queja presentó la solicitud fuera de tiempo, concretamente un mes; pero al parecer no fue por desidia, sino por las múltiples molestias y el malestar que le provocó su paso por el hospital, y algunas complicaciones que ocurrieron en el periodo post-operatorio. 

El autor de la queja nos comunicaba que se hallaba en una encrucijada sin ninguna alternativa potencialmente viable. Por un lado, para adquirir una nueva autorización, su vehículo no podía rebasar la antigüedad máxima de cinco meses, premisa que no cumplía ni tampoco se la podía permitir. Por otro lado, no podía regularizar su vehículo que se encuentra en perfectas condiciones y estaba al corriente de las inspecciones periódicas que la Conselleria establece para su correcto funcionamiento. Por su parte, el ciudadano reconocía su equivocación: cometí un error, lo asumo, si me tienen que sancionar háganlo, pero imploraba una solución: no me quiten algo que es imprescindible y vital para poder seguir trabajando.

El defensor valenciano también recalcaba en su resolución que el autor de la queja, durante los 38 años de actividad profesional, siempre había renovado su tarjeta de transporte en tiempo y forma, salvo en esta ocasión por las circunstancias arriba descritas.

Asimismo, el Síndic tampoco pasó por alto que dicho vehículo es su único medio para llevar a cabo la actividad que le permite subsistir y mantener a su familia.  Por todo ello, le pidió a la Conselleria que atendiendo a las circunstancias excepcionales y justificadas que habían provocado este incidente, con la posibilidad de imponer una sanción, facilitara la autorización de la tarjeta de transporte a este ciudadano. Petición que ha sido correctamente atendida según nos ha informado el ciudadano.

Ver el contenido íntegro de la recomendación del Síndic sobre este asunto.