El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha resuelto la queja presentada por una ciudadana que denunciaba la dilación en resolver un expediente de indemnización por responsabilidad patrimonial, interpuesto hace más de cuatro años ante el Ayuntamiento de Alicante por un accidente en moto en la Avenida de Denia.

Según relataba la afectada, cuando circulaba por dicha vía, a la altura del Complejo Vistahermosa, su ciclomotor se desestabilizó debido a irregularidades en el pavimento y a una trapa de alcantarillado colocada incorrectamente, provocando la caída en la calzada. Al poco tiempo, presentó una reclamación ante el Ayuntamiento.

De acuerdo con la información facilitada, las deficiencias existentes en dicha vía estaban  relacionadas con las obras de remodelación en curso, que estaba promoviendo la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Por lo que, en un primer momento, el Consistorio alicantino trasladó el expediente a esta administración.

El síndic fundamenta su resolución en las decisiones de los tribunales de justicia y en el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo. Según este último, el Ayuntamiento incumplió con el deber de vigilancia de la vía pública, que aunque estaba de obras, se encontraba abierta al tráfico sin ningún tipo de señalización.

En este sentido, el defensor recuerda en su escrito que los ayuntamientos tiene la obligación inexcusable de mantener las vías públicas locales abiertas a la circulación en tales condiciones que garanticen la seguridad de quienes las utilicen.

En cuanto a la responsabilidad patrimonial, la Constitución española de 1978, en su Art. 106.2, establece el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derecho, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Por todo ello, el síndic ha recomendado al Ayuntamiento de Alicante que resuelva el expediente dentro de los plazos establecidos y que, teniendo en cuenta el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, estime la responsabilidad patrimonial en este caso concreto. 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido una queja de una ciudadana en la que denuncia la falta de alumbrado público desde principios de septiembre en la calle Pintor Pedro Sánchez Camacho, en el barrio alicantino de Juan XXIII.

De acuerdo con la afectada, los vecinos se han dirigido al Ayuntamiento de Alicante tanto por escrito como por teléfono. En esta última ocasión, le respondieron que la deficiencia en este servicio público se debía al robo del cableado de las farolas. Asimismo, la vecina alude a la sensación de inseguridad que esta situación está generando, así como las consiguientes molestias vecinales ante la imposibilidad de transitar de noche por la calle si no es auxiliado por una linterna.

Por su parte, Cholbi se ha dirigido al consistorio para pedir información sobre las acciones llevadas a cabo para solucionar esta falta de suministro eléctrico que está generando inseguridad entre los vecinos.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha remitido al Consistorio alicantino una resolución con varias recomendaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida en el transporte público urbano.

De esta forma, Cholbi da respuesta a la queja presentada por una ciudadana que presenta una movilidad reducida elevada de más del 80%, por lo que utiliza silla de rueda en todos sus desplazamientos. La afectada denunciaba una serie de incidencias en el funcionamiento de las rampas de los autobuses. A esto añadía las trabas ocasionadas por el mal estado y los desniveles de las aceras en las paradas de autobús, así como por la impunidad de los vehículos mal estacionados, que impiden que el autobús se acerque al anden y pueda desplegar la rampa. Igualmente, destaca entre otras deficiencias, la falta de pulsadores avisadores de parada adaptado o las dificultades de las personas con problemas de movilidad para acceder al lector de tarjetas (alejados de las rampas). Situaciones y condiciones que imposibilitan la utilización de transporte público de manera autónoma a las personas con movilidad reducida.

Entre las medidas de mejoras el Síndic plantea, de forma transitoria y en aquellas líneas de autobús que no dispongan de lectores de tarjetas adaptados, la exención del pago del billete a las personas con movilidad reducida. Asimismo, Cholbi sugiere al Ayuntamiento que realice un estudio sobre el uso, frecuencia y características de este colectivo en los autobuses urbanos e interurbanos a fin de mejorar su accesibilidad.

En cuanto a los autobuses que dan servicio, el defensor insta a adoptar todas las medidas que sean necesarias para mejorar la calidad y eficacia en la prestación de este servicio público en relación con los derechos de las personas con movilidad reducida, tal y como establece la normativa autonómica actual en materia de accesibilidad universal al sistema de transporte público en la Comunidad Valenciana.

Por último, también insta a adaptar, de manera urgente y tal y como tenían previsto, el Reglamento de Usuarios de Transporte Colectivo Urbano de la Ciudad de Alicante de 1997 a las normas vigentes en materia de accesibilidad, así como a fomentar la participación de los colectivos de las personas afectadas. 

 El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido un escrito de un ciudadano de Elche en el que relata que, como representante de un grupo de vecinos, se ha dirigido al Ayuntamiento en varias ocasiones para que ampliase el recorrido de la línea de autobuses R1 y así ofrecer servicio a la pedanía de Vallongas.

En este sentido, el interesado denuncia la situación de incomunicación en la que se encuentran los vecinos de esta pedanía y las molestias que les ocasiona, ya que tienen que recorrer una larga distancia por carretera para acceder a la parada de autobús más cercana.

Por su parte, el defensor del pueblo valenciano se ha dirigido al Consistorio para pedir información al respecto y procurar solventar la situación de estos vecinos.

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha mantenido conversaciones esta semana con la Conselleria de Educación a fin de solucionar con urgencia los problemas ocasionados en algunos centros educativos que tenían plazas docentes sin cubrir desde el inicio del curso escolar.

La intervención del síndic ha venido motivada por las quejas de padres y alumnos relativas a la tardanza en cubrir vacantes y bajas docentes en diversos centros educativos de la Comunidad Valenciana.

En uno de los centros afectados, el CEIP Carmelo Ripoll de Ontinyent, tanto padres como alumnos se movilizaron y enviando más de 50 escritos al Síndic en los que evidenciaban la complicada situación en la que se encontraba un grupo de estudiantes de 5º de primaria que lleva sin tutor desde que empezó el curso. Hoy mismo, la Conselleria de Educación ha adjudicado este puesto para que el docente pueda comenzar a impartir clases el próximo lunes. 

En este sentido, la Conselleria también ha cubierto hoy viernes un puesto en el CEIP Max Aub de Valencia y otro en el CEIP Roís de Corrella de Gandia, cuyas AMPAs también se habían dirigido al defensor del pueblo valenciano para que mediase ante la Administración educativa y agilizara la adjudicación de estos destinos que estaban sin cubrir desde el inicio del curso escolar. 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido la queja de un vecino del Grau de Gandia en la que denuncia las molestias que está padeciendo su familia como consecuencia de las deficientes condiciones higiénico-sanitarias de un solar con piscina que linda con su propiedad. Según el afectado, debido al abandono de la piscina, el agua lleva dos años en estado de putrefacción, lo que ha ocasionado una plaga de mosquitos, pulgas y demás insectos que hacen la vida insoportable a los vecinos de las inmediaciones.

En este sentido, el autor de la queja ha comunicado al Síndic que ha puesto el problema en conocimiento del Ayuntamiento sin que haya obtenido respuesta satisfactoria. 

El defensor, por su parte, se ha dirigido al ayuntamiento para solicitarle información sobre los hechos denunciados, y en especial sobre la visita de inspección realizada por los técnicos sanitarios municipales, así como las medidas correctoras ordenadas al propietario para que mantenga el solar en buen estado de higiene y conservación.

 

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido con satisfacción la respuesta del Ayuntamiento de Alicante a la petición de esta Institución de mejorar la carretera que une el Saladar de Aguamarga y Urbanova.

El defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana recibió hace unos meses la queja de un ciudadano que denunciaba el estado de deterioro de la citada carretera que se hizo especialmente patente tras las obras de construcción de la desalinizadora instalada en sus inmediaciones. Según su escrito, se había dirigido en varias ocasiones al consistorio sin obtener contestación. En este sentido, el afectado aportó un extenso reportaje fotográfico en el que dejaba constancia del deficiente estado de conservación de la citada vía pública (ausencia de arcenes, socavones en la vía pública, etc). 

Por su parte, el Ayuntamiento contestó al Síndic que había elaborado un estudio sobre las actuaciones necesarias para asegurar el estado de conservación y seguridad de la mencionada carretera pero que se encuentra pendientes de aprobación y ejecución por falta de presupuesto.

De acuerdo con el Síndic, el derecho de los vecinos a obtener una adecuada pavimentación de sus calles es correlativo a la obligación del Ayuntamiento de prestar tal servicio mínimo. Asimismo, esta Institución mantiene que la escasez de medios económicos no puede ser una justificación total para que todavía no haya llegado el turno de mejora de una de las vías que se construyeron hace años, por lo que se debería haber incluido en la correspondiente partida presupuestaria el crédito necesario, antes de haberse destinado a otros servicios y actividades que son secundarios y no obligatorios.

Para más información, consulte la Resolución del Síndic sobre este asunto.

Los defensores del pueblo de España han presentado las conclusiones con las que han culminado las XXIX Jornadas de Coordinación, que se han celebrado esta semana en Vitoria y han versado sobre las necesidades y retos de las familias en el actual entorno socioeconómico y la respuesta de los poderes públicos. 

En la declaración conjunta, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, y los nueve defensores autonómicos  han destacado el papel irremplazable de la familia, en sus diversas morfologías, como «sede de afectos y relaciones primarias» y principal agente socializador que contribuye de manera determinante al desarrollo individual y a la construcción de la comunidad. Asimismo, han recordado que tanto la Constitución española, como los Estatutos de autonomía y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea instan a los poderes públicos a garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia. 

Este documento reivindica la implantación en toda España de una prestación económica a las familias en riesgo o situación de severa exclusión social que cubra las necesidades asociadas a una vida digna y esté ligada a la inserción socio-laboral. 

En relación a la conciliación de la vida laboral y familiar, los defensores instan a seguir aprobando subsidios directos o indirectos a la contratación, incentivos a la reincorporación al mercado laboral, así como cambios normativos que favorezcan la incorporación de la mujer al mercado laboral y la participaci&oacoacute;n activa de los hombres en las responsabilidades familiares. Asimismo, instan a impulsar una oferta suficiente de servicios que faciliten la conciliación y a revisar los horarios de trabajo y ocio para su mayor racionalización. 

También inciden sobre la necesidad de encontrar un reconocimiento y respeto debido a todos los tipos de familias existentes a través de la tipificación legal, en los documentos oficiales, o en el currículo y discurso de los centros educativos. En este sentido, reclaman medidas efectivas para garantizar el derecho de igualdad y a la no discriminación a los tipos de familias en los que concurre alguna circunstancia que pueda generar vulnerabilidad o desprotección. 

En las conclusiones se hace una especial mención a las familias con menores en situación de vulnerabilidad o riesgo, así como el reconocimiento de víctimas con identidad propia a los menores expuestos a la violencia de género. 

Ver el contenido íntegro de la Declaración de las Defensorías del Pueblo

 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha dirigido una recomendación al Ayuntamiento de Cullera para que adopte todas las medidas que sean necesarias para que la facturación del suministro de agua potable se efectúe de forma individualizada a cada propietario, según la lectura del consumo marcada por su contador. 

Esta es la contestación del defensor del pueblo valenciano a una queja presentada por una comunidad de propietarios que denunciaba su disconformidad con el corte de suministro de agua en la urbanización Faro del Mediterráneo, solicitando al Ayuntamiento de Cullera su restablecimiento de manera inmediata.

Pese a que la empresa encargada del servicio municipal de aguas repuso el suministro al día siguiente, las personas afectadas insistían en que el Ayuntamiento no había llevado a cabo las obras y conexiones necesarias para que los vecinos de la zona dispusieran de contadores para abonar el consumo de agua individualizado, a lo que el consistorio se había comprometido verbalmente en una reunión celebrada el pasado mes de abril.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Calp para recomendar que impulse y acelere la tramitación y resolución del expediente incoado sobre la propuesta de cambio de ubicación del mercadillo de los sábados.

La intervención del Síndic ha venido motivada por una queja que presentaron los vendedores ambulantes del mercado que se celebra los sábados en esta localidad. En ella manifiestan la disconformidad con la ubicación actual del mismo (dentro del casco urbano), alegando grave riesgo y peligro tanto para los bienes como para las personas, debido al incumplimiento de las medidas de seguridad y de emergencia. De acuerdo con los vendedores, la estrechez de las calles  impiden la circulación de ambulancias o coches de bomberos, no existen bocas de agua ni tampoco de incendio, tal y como exige la normativa. Según los afectados, se han dirigido al Ayuntamiento solicitando el cambio de ubicación del mismo para trasladarlo al extrarradio.

Desde el consistorio nos comunican que la Junta de Gobierno Local acordó a finales de marzo de 2014 estudiar la propuesta de reubicación del mercadillo a la avenida Europa, pero todavía continúa la tramitación del expediente y no se ha tomado ninguna decisión.

Esta Institución considera esencial que este tipo de actividad garantice en todo momento la seguridad de las personas y bienes. En este sentido, los autores de la queja detallan los riesgos de mantener la actual ubicación del mercadillo y denuncian graves incumplimientos del Plan de Evacuación y Emergencia. Por su parte, el Ayuntamiento de Calp no ha remitido a esta Institución los informes técnicos de los servicios municipales que desmientan o rebatan estos hechos.