El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha tramitado la queja de una ciudadana que denunciaba el retraso del Ayuntamiento de Valencia en resolver una solicitud de exhumación y traslado de los restos cadavéricos de su padre, presentada en julio de 2009.

Por su parte, en mayo de 2014 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia acuerda aprobar preliminarmente el inicio del expediente de apertura de fosa común, condicionado a que los gastos devengados por esta actuación exhumatoria corran a cargo de los interesados.

De acuerdo con la promotora de la queja, dichos gastos ascienden a 44.322,27€ . En este sentido, considera injusto que debido a la demora en la resolución del expediente administrativo iniciado en 2009, la familia haya perdido la subvención otorgada por el Ministerio de Presidencia en noviembre de 2009 para llevar a cabo el proyecto de Exhumación e identificación de represaliados y dignificación posterior de la fosa común del antiguo cementerio civil de Valencia.

El Síndic recuerda en su Resolución que la conocida Ley de Memoria Histórica señala que las Administraciones públicas deberán facilitar a los ciudadanos que demanden las tareas de localización e identificación de los desaparecidos como última prueba de respeto hacia ellos. En este sentido, Cholbi destaca que dicha norma prevé la eliminación de trabas burocráticas obligando a las Administraciones Públicas a facilitar esta tarea.

Por último, el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana también se hace eco de un Informe de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Dicho documento, que se hizo público en julio de 2014, recomienda al Estado español a actuar con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas, ya que son esenciales dada la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a las personas desaparecidas durante la guerra civil española y la dictadura.

Por todo ello, el Síndic ha recomendado al Ayuntamiento de Valencia que agilice la resolución del procedimiento administrativo (…) valorando, en la resolución que en el mismo se adopte, los efectos que la demora en resolver el expediente iniciado en el año 2009 (…) tuvo en la pérdida de la subvención obtenida de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia en el año 2009.

 

 

 

El sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha clausurado hoy la Jornada sobre los Derechos de la Infancia celebrada en Alicante. Cholbi ha puesto en relieve la repercusión de la actual situación económica en los sectores de la población más vulnerable y especialmente en los niños y niñas. En este sentido, se ha referido a los informes elaborados por instituciones públicas y organizaciones sociales que confirman el empobrecimiento de muchas familias españolas, con la consecuente aparición de problemas que creíamos erradicados, de dificultades para cubrir adecuadamente las necesidades más básicas, como son la vivienda o la alimentación. De acuerdo con el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, estos cambios se han producido con una gran intensidad y rapidez y requieren de una respuesta rápida y adecuada por parte de los poderes públicos.

Por su parte, Carlos Morenilla, adjunto del Síndic encargado del área del menor, ha insistido en la necesidad de una mayor inversión en políticas de infancia y familia. De este modo, Morenilla aboga por blindar los derechos de los menores por ser un colectivo especialmente sensible y necesitado de protección.

Durante su intervención, Lidia Esteve, profesora de Derecho Internacional Privado de la UA, ha manifestado que la Convención de los Derechos del Niño que hoy conmemoramos es la primera ley internacional sobre derechos del niño en el mundo, que tardó más de 10 años en ser firmada y que hoy en día está ratificada por 193 estados. Igualmente, ha subrayado que  esta Convención ha supuesto un cambio en la consideración del niño como sujeto de derechos y que, desde su ratificación , España ha avanzado significativamente en cambios normativos y en las políticas sociales, sanitarias, educativas.

Durante su exposición, el fiscal de menores, Carlos Ferreirós ha analizado el Anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia, actualmente en trámite. De acuerdo con el fiscal, este documento apuesta por potenciar el acogimiento familiar en detrimento del residencial. Asimismo, Ferreirós ha señalado el aumento de casos de acoso escolar con el uso de las nuevas tecnologías por parte de los adolescentes y del también preocupante incremento de los casos de violencia de los hijos hacia los padres, los cuales se están ocasionando en familia estructuradas con una ausencia de autoridad de los padres.

La problemática de la trata de mujeres y menores durante el tránsito migratorio ha sido abordada por Helena Maleno, investigadora experta en migraciones. Maleno ha denunciado que hoy en día las redes de trata se han postulado en los países de origen como una oportunidad de migrar. En este sentido la ponente ha afirmado que la trata para fines sexuales no existiría si no hubiera una demanda de mercado sexualy ha destacado la necesidad de una Ley específica que regule esta problemática así como la poca visibilidad que tiene esta cuestión en nuestra sociedad.

Para más información sobre la Jornada consulte el apartado «otros documentos» en el menú de Publicaciones y Descargas de nuestra web. 

 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, clausura la jornada sobre los derechos y desafíos de los menores, organizada por la oficina del defensor del pueblo de esta comunidad. El acto, que se celebra mañana día 20 de noviembre, con motivo del XXV Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, tendrá lugar en la Sede Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante.

En el encuentro participarán como ponentes expertos reconocidos como: Helena Maleno, investigadora especialista en migraciones, que nos hablará de la trata de mujeres y niños durante los tránsitos migratorios; Carlos Ferreirós, fiscal coordinador de menores de la Audiencia de Alicante, que analizará el Anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia; y Lidia Esteve, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante, que profundizará sobre la Convención de los Derechos de la Infancia. 

Seguir el acto en directo 

Consulte el programa de la Jornada

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido la respuesta del Ayuntamiento de Cullera aceptando la recomendación del Síndic para que la facturación del suministro de agua potable fuese individual a cada propietario, según la lectura del consumo marcada por su contador. 

La actuación del Síndic se inició cuando una comunidad de propietarios denunció ante esta Institución su disconformidad con el corte de suministro de agua en la urbanización Faro del Mediterráneo, solicitando al Ayuntamiento de Cullera su restablecimiento de manera inmediata.

Pese a que la empresa encargada del servicio municipal de aguas repuso el suministro al día siguiente, las personas afectadas insistían en que el Ayuntamiento no había llevado a cabo las obras y conexiones necesarias para que los vecinos de la zona dispusieran de contadores para abonar el consumo de agua individualizado, a lo que el consistorio se había comprometido verbalmente en una reunión celebrada el pasado mes de abril.

Esta semana, el Ayuntamiento de Cullera ha comunicado al defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana que el Pleno ha acordado asumir la gestión directa de esta zona para solventar los problemas hidráulicos y garantizar así los suministros y servicios a todos los vecinos. Asimismo, el Consistorio ha anunciado al Síndic que ya ha empezado a requerir a los usuarios para que contraten de forma individualizada sus suministros de agua potable.

Ver contenido íntegro de la Resolución del Síndic sobre este asunto.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recomendado al Ayuntamiento de Benicarló que anule una sanción impuesta a una persona con movilidad reducida por estacionar su coche en zona reservada. Asimismo, el defensor insta al Consistorio a devolver el importe abonado por el interesado.

Esta ha sido la respuesta del defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana a la queja presentada por un ciudadano que aparcó en un sitio reservado para efectuar trámites con la policía durante unos minutos. A la salida, un agente de la policía le denunció por estacionar en zona reservada para personas con discapacidad y no llevar en el vehículo el original de la tarjeta de movilidad reducida, sino una fotocopia compulsada de la misma. Aunque, según el interesado, a los 20 minutos se presentó en comisaría con la tarjeta original. 

De acuerdo con la resolución del Síndic, la infracción imputada (estacionar en zona reservada para personas con discapacidad) no se habría cometido en este caso, puesto que el sancionado es una persona con discapacidad que tiene concedida una tarjeta que le permite aparcar en lugares reservados para tales efectos. En este sentido, el Consistorio trata de sancionar el hecho de llevar en el vehículo una copia compulsada de la tarjeta en lugar del original, cuando no existe ninguna norma con rango de Ley que tipifique esta conducta.

Asimismo, el defensor insiste en la improcedencia de la multa, puesto que el lugar donde se encontraba estacionado el vehículo no es un espacio reservado para personas con movilidad reducida, tal y como señala el parte de la Policía Local de Benicarló, sino que, como demuestra el interesado mediante prueba fotográfica y a través de una diligencia ocular de la Guardia Civil, la señal vertical junto al estacionamiento indica claramente “Excepto trámites de Policía”. 

Por lo que el Síndic concluye que ni la conducta denunciada en el boletín de la Policía Local y que fue objeto de sanción (estacionar en lugar reservado para personas con discapacidad), ni la conducta en la que efectivamente incurrió al interesado (estacionar en espacio reservado para gestiones con la policía), puede ser objeto de sanción administrativa alguna. Por todo ello, el defensor recomienda al Ayuntamiento de Benicarló que anule la sanción y que devuelva el importe abonado por el interesado.

Ver contenido íntegro de la Resolución del Síndic sobre este asunto.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido con satisfacción la respuesta del Ayuntamiento de Torrevieja a su recomendación para solucionar las molestias ocasionadas por el mercadillo municipal. En concreto, el defensor del pueblo valenciano instaba al Consistorio a impulsar y acelerar la tramitación del expediente para trasladar el mercadillo municipal al nuevo recinto. Mientras se produce dicho cambio de ubicación, Cholbi insistía en adoptar todas las medidas que fuesen necesarias para minimizar las molestias y garantizar la seguridad durante el desarrollo del mismo.

Hace varios meses, unos vecinos denunciaron ante el Síndic las molestias que venían padeciendo por el funcionamiento del mercadillo municipal; molestias que se concretaban en los ruidos que padecen durante las horas de actividad, los problemas de salubridad, problemas de acceso a garajes o molestias acústicas ocasionadas por los vehículos empleados por los responsables de los puestos del mercadillo, así como por posibles problemas de acceso de ambulancias o vehículos de emergencia a la zona en caso de necesidad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrevieja ha comunicado al Síndic que es consciente de los problemas denunciados y, en este sentido, han adoptado las medidas necesarias para proceder en breve al traslado del citado mercadillo a las nuevas instalaciones, que se encuentran fuera del centro urbano y se están acondicionando para tal efecto.

Mientras este traslado se produce, el Consistorio se ha comprometido, tal y como le pedía el Síndic, a aplicar todas las medidas a su alcance para minimizar las molestias generadas a los vecinos. En este sentido, se establece un horario estricto de montaje y desmontaje, y se intensifica el control policial para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad y el orden público durante la celebración del mismo. 

Ver contenido íntegro de la resolución del Síndic sobre este asunto.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recibido la respuesta del Ayuntamiento de Elche a la recomendación que el defensor les remitió para eliminar las molestias generadas por la actividad de una escuela de natación que hacía uso de una piscina de esta localidad.

La actuación del Síndic tiene el origen en la queja presentada por una vecina que denunciaba las insoportables molestias que injustamente sufría su familia por los ruidos y vibraciones de los motores de la turbina y depuradora sita justo al lado de su vivienda, así como por la actividad musical que se desarrollaba en la misma. 

De acuerdo con el defensor del pueblo valenciano, los hechos fueron ya objeto de queja ante esta Institución; y aunque el Ayuntamiento ilicitano, durante este intervalo de tiempo, ha venido adoptado resoluciones y decretos municipales dirigidos a que el titular de la actividad corrija las deficiencias detectadas, lo cierto es que las molestias persisten.

A finales de junio de este año, el Ayuntamiento comunicó al Síndic que había requerido al titular de la actividad para que corrigiese dichas deficiencias, puesto que se realizó una medición sonométrica desde el interior de la vivienda de la autora de la queja y el resultado fue positivo, haciendo constar el inspector de aperturas que sin equipo de medición sonométrica se percibe perfectamente la música. 

Por su parte, la recomendación del Síndic de Greuges señala algunas de las medidas provisionales, recogidas en la normativa vigente sobre contaminación acústica y calidad ambiental, que el Consistorio podría adoptar, tales como: la clausura temporal, parcial o total de las instalaciones o el precintado de aparatos o equipos.

Recientemente, el síndic ha recibido respuesta del Consistorio ilicitano en la que nos comunica la aceptación de nuestra recomendación, así como la resolución adoptada por dicho Ayuntamiento de revocar la licencia para la amenización musical por incumplimiento de las condiciones técnicas bajo las cuales se otorgó la misma. Con lo que el titular de la actividad deberá abstenerse de inmediato de utilizar el equipo de música. Asimismo, el Ayuntamiento le avisa de que si incumple la resolución, se procederá a la ejecución forzosa de lo ordenado mediante la desconexión y precinto del equipo musical por los agentes de la Policía Local.

Si lo desea, aquí puede consultar el contenido íntegro de la Resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha emitido esta semana dos recomendaciones en materia de acceso a la información; una de ellas está dirigida al Ayuntamiento de Castellnovo y la otra al de Albocàsser.

En ambos casos, la situación es básicamente la misma, ya que se trata de concejales que han solicitado acceder a información de sus respectivos Ayuntamientos y que han acudido al Síndic porque dichas corporaciones no se las han otorgado. 

En este sentido, el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana les ha recomendado que, de acuerdo con la normativa vigente, facilite a los concejales del Ayuntamiento el acceso a la documentación necesaria para el desempeño de sus cargos.

La resolución del Síndic está fundamentada en las decisiones de los Tribunales de Justicia, que interpretan que entre los derechos de los miembros de la corporación merece una especial atención el derecho al acceso a la información, puesto que se trata de un instrumento necesario para que los mismos puedan acometer con conocimiento suficiente el ejercicio de sus funciones, entre las que se encuentran el control y fiscalización del gobierno local. 

Ahora bien, según se deriva del análisis de la jurisprudencia, el derecho de los concejales no puede ser indiscriminado, mediante peticiones genéricas que ocasionen conductas abusivas que paralicen la actividad municipal. Asimismo, el síndic recuerda que los miembros de la corporación deberán respetar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso en virtud de su cargo, sin darle publicidad que pudiera perjudicar los intereses de la entidad local o de terceros; siendo directamente responsables. 

Por último, el síndic indica que en caso de denegar la información, se deberá hacer de forma expresa y amparándose en las causas legalmente previstas en la Ley.

 

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha tramitado la queja presentada por un vecino de l’Alcúdia que denunciaba que, tras perder su vivienda por un procedimiento de ejecución hipotecaria, el Ayuntamiento le estaba cobrando el IBI ,correspondiente a los años 2013 y 2014, de una casa que ya no era de su propiedad, sino de una entidad bancaria.

Por su parte, el Ayuntamiento de l’Alcúdia contestaba al Síndic que el afectado era propietario de la casa a fecha 1 de enero de 2013, y en este sentido era el sujeto pasivo para la liquidación del año 2013. En lo que respecta al IBI del 2014, el Consistorio comunicaba al defensor que anularía el recibo pendiente de pago, puesto que el procedimiento de ejecución hipotecaria tuvo lugar el 22 de enero de 2013, y por lo tanto el 1 de enero de 2014, el afectado no era propietario de la vivienda en cuestión. 

En este sentido, el defensor del pueblo valenciano es plenamente consciente de las circunstancias económicas actuales que especialmente sufren las personas en situación de exclusión social. Por eso, pide a las Administraciones Públicas que se sensibilicen con las personas que, por su situación socioeconómica, profesional o laboral, no han podido hacer frente a sus compromisos de pago respecto a las hipotecas para la adquisición de su vivienda habitual y han solicitado la dación en pago de las mismas.

En lo que respecta a este caso en concreto, de la información recibida se desprende que el autor de la queja era propietario de la vivienda en fecha 1 de enero de 2013, y en este sentido, de acuerdo con la normativa vigente, le corresponde la liquidación del año 2013. No obstante, el síndic considera insolidario en esta situación en particular, que por 22 días de titularidad de la vivienda, el ciudadano tenga que hacer frente al pago total del IBI. Por ello, recomienda al Ayuntamiento de l’Alcúdia que bien paralice las medidas aplicadas con respecto a la repercusión del IBI de este ciudadano; o que al menos, proceda a prorratear el impuesto en base a las 22 días de titularidad del autor de la queja, ya que tributar por la totalidad del periodo impositivo es incrementar el endeudamiento de su núcleo familiar. 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha mantenido una reunión de trabajo con la presidenta de Unicef en nuestra comunidad, Bienvenida Guerrero. En la misma han participado también el adjunto segundo del síndic, Carlos Morenilla; el técnico de menores del síndic, Conrado Moyá; y la responsable de sensibilización y políticas de infancia de Unicef, Marlen Perkins.