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Noticias de actualidad del Síndic de Greuges

El Síndic insta a Sanidad a informar a la ciudadanía de las posibles vías de reclamación cuando estén disconformes

El defensor reclama a la Conselleria que comunique a los pacientes los tiempos máximos de espera para la atención sanitaria programada

 

La mayoría de las reclamaciones recibidas por esta institución en el ámbito sanitario están relacionadas con la demora en la prestación de asistencia médica o a la deficiente atención por parte de los servicios sanitarios. Actualmente, estas cuestiones se canalizan a través de las “hojas de queja” reguladas en la Orden 6/2018. Sin embargo, el defensor considera que el procedimiento actual es insuficiente para garantizar el pleno derecho de la ciudadanía a reclamar, ya que no contempla la posibilidad de manifestar discrepancia con la respuesta emitida por la Administración.

Por ello, el Síndic ha requerido a la Conselleria de Sanidad que informe a los usuarios sobre las vías posibles de reclamación, cuando no estén conformes con las respuestas ofrecidas por el Servicio de Atención e Información al paciente (SAIP). Además, ha instado a la administración sanitaria a revisar el procedimiento de las “hojas de queja” del SAIP, para asegurar que puedan reclamar adecuadamente en casos de demora. También ha recomendado establecer tiempos máximos de espera para la atención sanitaria programada e informar a los pacientes sobre estos tiempos, las alternativas disponibles y sus derechos si se superan los plazos establecidos.

El Síndic abrió esta queja de oficio al detectar una preocupante falta de información proporcionada a los usuarios/pacientes que presentan una queja a través del formulario “hoja de queja” en los SAIP de los centros sanitarios.

Esta institución reseña que los interesados no son informados de las alternativas disponibles en caso de discrepar de la repuesta recibida del SAIP. Aún más, cabe destacar que, en situaciones de demoras en la prestación sanitaria programada, los pacientes tampoco son informados sobre los tiempos máximos de acceso a esa atención sanitaria ni de las alternativas posibles en caso de superarse dichos tiempos.

 

Consulta nuestra actuación: https://acortar.link/MSI2oP

El Síndic pide a Protecció del Territori que tome medidas urgentes para investigar todas las denuncias por infracciones urbanísticas

Luna muestra su preocupación por la demora de la Agència en reaccionar y destaca el riesgo de realizar obras en suelos inundables

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, insta a la Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) a adoptar medidas urgentes para investigar todas las denuncias recibidas y tramitar los expedientes de restauración de la legalidad urbanística y sancionadores. Además, pide que la Agència cuente con los medios necesarios para iniciar de oficio las inspecciones y restaurar la legalidad frente a actos que vulneren gravemente la normativa urbanística.

Así consta en la Resolución de Recomendaciones a la Administración, emitida por el Síndic, sobre la queja de oficio iniciada por la demora en la tramitación de miles de expedientes de restauración de la legalidad urbanística. Demora que fue señalada a esta institución por la propia Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT). Esta situación generó al Síndic una gran preocupación sobre la organización, los recursos humanos y materiales, y el funcionamiento actual de la AVPT. En particular, cuestionó su capacidad para servir a los intereses generales y cumplir con las competencias que le asigna la legislación.

Luna expresa su inquietud por los importantes retrasos de la Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) en reaccionar ante las denuncias ciudadanas. Esta preocupación se centra en que la adopción de medidas necesarias podría llegar demasiado tarde, teniendo graves consecuencias para la salud pública o el medio ambiente. El defensor destaca el riesgo de realizar obras de construcción en suelos no urbanizables, como zonas inundables, que podrían causar problemas graves en caso de lluvias torrenciales o episodios de DANA, fenómenos habituales en la Comunidad Autónoma.

Además, los retrasos en la respuesta a las denuncias por infracciones urbanísticas socavan la confianza de los ciudadanos en la democracia. Por ello, se considera que la administración autonómica debe actuar rápidamente y sin excusas para garantizar el funcionamiento adecuado de la AVPT, creada para asegurar el respeto a la legalidad urbanística en suelos no urbanizables y sancionar las infracciones graves o muy graves.

Por ello, el Síndic entiende que no resulta adecuado asumir que las demoras, carencias y deficiencias detectadas requieren de un periodo de tiempo más prolongado para ser corregidas, como apunta en su informe la agencia investigada poniendo como excusa que, aunque la AVPT nació en 2021, sólo se puede entender completamente dotada a partir del inicio del año 2023, en que se ampliaron los puestos de trabajo.

En la resolución consta que “No parece adecuado crear un sistema que dé a un organismo autonómico toda la responsabilidad de gestionar y resolver asuntos urbanísticos, excluyendo a los municipios, sin asegurarse primero de que este organismo tiene los recursos y la capacidad necesarios para proteger y restaurar la legalidad urbanística de manera efectiva, especialmente en casos graves”.

Por otra parte, el Síndic considera fundamental que la AVPT no dependa exclusivamente de las denuncias de los Ayuntamientos o ciudadanos, sino que tenga mecanismos propios para detectar y actuar de oficio sobre infracciones graves.

Asimismo, insiste en que se debe garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones de restauración de la legalidad y reforzar los mecanismos de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento, evitando la consolidación de obras ilegales.  Por ello, esta institución también recomienda que la Agència Valenciana de Protecció del Territori adopte todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento real y efectivo de las obligaciones asumidas por las administraciones locales adheridas y las personas que integran y prestan servicios en ellas.

Finalmente, Luna recuerda la importancia de que las administraciones urbanísticas reaccionen con prontitud y firmeza ante las denuncias, investigando y adoptando las decisiones necesarias para restaurar la legalidad urbanística. Aunque no siempre es fácil reaccionar rápidamente ante todos los ilícitos urbanísticos, las administraciones públicas competentes tienen la obligación de adoptar todas las medidas a su alcance para restablecer la legalidad con prontitud.

Consulta la resolución completa del Síndic sobre este asunto.

El Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges piden a las administraciones colaboración y coordinación entre ellas en la reconstrucción tras la DANA

Gabilondo, acompañado de Luna, anuncia una actuación de oficio para saber si se prevé una Comisión de Coordinación, tal y como establece la normativa

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo. El encuentro se ha centrado en la colaboración y coordinación de ambas instituciones en la supervisión de las actuaciones de la Administración central y autonómica en el proceso de reconstrucción de la dana y en la defensa de los derechos de la ciudadanía afectada.

Durante la reunión, celebrada en el Síndic de Greuges en Alicante, Ángel Gabilondo ha destacado la colaboración y coordinación que mantienen las dos instituciones y ha apelado a las administraciones estatal y autonómica, a que trabajen también coordinadamente “en toda su dimensión”. “En el Estado de las Autonomías es muy importante que la Administración General del Estado, el Gobierno de España, y la CCAA, la Generalitat Valenciana, impulsen todos los mecanismos de coordinación y cooperación que son necesarios y que ello sea percibido por la sociedad”, ha afirmado.

Asimismo, Gabilondo ha señalado que “nuestra supervisión de la recuperación empieza en primer lugar por decir que hay que cumplir todos los mecanismos y todos los procesos señalados por la ley”. Por ello, ha anunciado que la institución que preside va a iniciar una actuación de oficio “para preguntar a las administraciones estatal y autonómica si hay alguna iniciativa en torno a la creación de una Comisión de Coordinación, tal y como establece la normativa aprobada al respecto”.

Por su parte, Ángel Luna ha compartido con el defensor las tres quejas de oficio que abrió sobre la dana a principios de enero en materia de servicios sociales, educación y vivienda.

Luna: «La Dana ha puesto de manifiesto el fracaso de la Administración en la protección del derecho a la vida»

  • El Síndic critica la falta de cooperación y lealtad institucional entre los responsables de las administraciones públicas para afrontar la catástrofe
  • El defensor autonómico presenta su Informe Anual 2024, con un aumento de un 32,9% en las consultas y un 21,28% en las quejas recibidas respecto al año anterior
  • Las quejas referentes a Servicios Sociales ya suponen casi la mitad de las que tramita la institución

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, acompañado de la adjunta primera, Concha Bru, y del segundo, Carlos Castillo, ha presentado hoy en Les Corts su Informe Anual 2024 en el que denuncia que «la excepcional pérdida de vidas humanas que provocó la Dana ha puesto de manifiesto el fracaso de la Administración en la protección del derecho a la vida». Ángel Luna también ha censurado la falta de solidaridad y leal cooperación institucional entre los responsables de las diferentes administraciones para afrontar la catástrofe.

El Informe del defensor autonómico constata que durante 2024 hubo un gran aumento en el número de consultas y quejas de la ciudadanía. Las consultas crecieron más del 30%, llegando a 18.600, y las quejas recibidas aumentaron más del 20%, alcanzando las 4.770. Además, el Síndic abrió 15 quejas de oficio en 2024, la mayoría sobre Infancia y Adolescencia. Estas quejas se enfocan en las medidas y recursos para cuidar a los niños que deben ser separados de sus padres y son cuidados por familias acogedoras o en residencias, bajo la responsabilidad de la Administración autonómica.

A lo largo del año pasado, las quejas sobre servicios sociales y transparencia fueron las más numerosas, y se han incrementado considerablemente respecto a ejercicios anteriores. Tanto es así que las quejas relativas a Servicios Sociales que ha recibido el Síndic en 2024 ya suponen el 47, 91% del total.

Descoordinación y ausencia de prioridades en la respuesta a la Dana

El defensor autonómico, en el ejercicio de sus funciones, hubiera investigado cómo se gestionó la emergencia causada por la DANA, pero la Ley del Síndic no permite que intervenga si ya hay acciones judiciales en curso sobre el tema. Así pues, serán los juzgados y tribunales los encargados de decidir el alcance de las presuntas responsabilidades de cada administración, y de sus titulares, en la gestión de la catástrofe.

No obstante, quedan actuaciones e inactividades administrativas que deben ser analizadas por esta defensoría.  De hecho, en la reunión del Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Síndic celebrada el 16 de diciembre de 2024, algunos trabajadores públicos y profesionales de diversos sectores asistentes manifestaron que la ausencia de riendas institucionales estaba provocando que se funcionara en el «caos». Miembros del Observatorio fueron contundentes al señalar que la falta de ordenación de las prioridades de intervención, y de las más elementales medidas de coordinación entre administraciones, estaban provocando la pérdida de eficacia de los considerables esfuerzos realizados.

Luna ha señalado que «la extrema polarización política que se ha instalado en nuestras instituciones resulta fatal en momentos en que se necesitan esfuerzos coordinados y generosos». La falta de coordinación entre administraciones, junto con una especie de carrera por visibilizar las diferentes ayudas, ha causado confusión y desasosiego en la ciudadanía, obligando a los afectados a lidiar con trámites innecesarios y contradictorios. «Es inaceptable que, en momentos de crisis, las administraciones no trabajen juntas de manera efectiva», afirma el defensor.

Casi todas las deficiencias que vienen impidiendo satisfacer el derecho a una buena administración se han hecho presentes en las actuaciones posteriores a la catástrofe. El Síndic entiende que la mejor respuesta a los daños provocados por la DANA pasa por aplicar el derecho a una buena administración en todas y cada una de las actuaciones que deben llevar a término los entes públicos.

El impacto de la Dana no puede hacer olvidar otros asuntos que han venido afectando al ejercicio de los derechos y libertades en la Comunitat Valenciana a lo largo del año 2024.

Una vez más, el Síndic incide en el derecho a una buena administración, que viene defendiendo desde que inició su mandato. «La buena administración es incompatible con la falta de respuesta, la motivación insuficiente y la inacción administrativa, que no sólo son ejemplos de mala administración, sino que suponen un incumplimiento de las obligaciones legales, pudiendo generar situaciones de grave indefensión a la ciudadanía», declara Ángel Luna.

En la inmensa mayoría de las quejas que presenta la ciudadanía, lo primero que se observa es la falta de respuesta de la Administración a sus peticiones. Este silencio crea inseguridad jurídica e indefensión moral, obligando a la persona afectada a recurrir a los tribunales en desventaja. Según la experiencia de esta institución, la falta de respuesta directa a una persona es la principal manera de violar su derecho a una buena administración.

Descomunal aumento de las quejas sobre dependencia

Por otra parte, cabe destacar el descomunal aumento de las quejas en materia de Servicios sociales, más del 49% respecto a 2023, especialmente en la gestión de la dependencia, diversidad funcional y renta valenciana de inclusión. El Síndic lleva pidiendo en los últimos años que se revisen estos procedimientos, pero no se han hecho cambios.

En concreto, en el año 2024 esta institución recibió 1.305 quejas derivadas de la deficiente tramitación de las prestaciones de dependencia, frente a las 697 del año anterior debido al mismo asunto. Este incremento “resulta absolutamente desmesurado”, declara Luna.

También la gestión de las valoraciones de discapacidad o diversidad funcional está provocando retrasos en el reconocimiento de derechos, vulnerando las leyes. De acuerdo con los datos facilitados por la propia Conselleria de Servicios Sociales, en el momento de redactar este Informe Anual los expedientes pendientes de resolver que han excedido el plazo legal para hacerlo superan los 50.000, en toda la Comunitat Valenciana. “Una cifra escandalosa”, apunta Luna. Dada la gravedad de la situación, el Síndic ha decidido abrir una queja de oficio sobre el tema, de la que se dará cuenta en el Informe Anual de 2025.

Estas tres materias, dependencia, discapacidad y renta valenciana de inclusión, resultan ser el paradigma de los derechos sociales, la conquista más importante del Estado social y democrático de derecho, alcanzada durante las últimas décadas.

Sin adecuada respuesta en Vivienda

Asimismo, es forzoso volver de nuevo al problema del acceso a una vivienda digna. El acceso a una vivienda digna es esencial para garantizar la mayoría de los derechos fundamentales, como esta institución ha repetido en numerosas ocasiones en sus resoluciones. Sin vivienda, estos derechos no son posibles.

Además, el Síndic censura el comportamiento de la administración autonómica, porque no está respondiendo adecuadamente a las quejas de la ciudadanía, ignorando sus obligaciones en materia de vivienda. “No responde a las recomendaciones que le formulamos ni, lo que es peor, a las personas afectadas.”

Evolución deplorable en Transparencia

Como ya hemos señalado, la segunda materia por número de quejas recibidas es la de Transparencia, que se han incrementado por encima del 43%.

La falta de transparencia responde a comportamientos injustificados y arbitrarios que afectan negativamente a la democracia y a la ciudadanía. La democracia se deteriora porque se impide la participación de todos los partidos y se evita la rendición de cuentas de las acciones de gobierno. Por su parte, la ciudadanía se siente decepcionada al ver que los partidos están más enfocados en sus luchas políticas que en resolver los problemas de las personas. Esto genera desafección hacia el sistema institucional y la actividad política.

Por otra parte, en los casos en que finalmente las administraciones responden, el derecho de acceso a la información pública pierde valor y utilidad si se producen retrasos en la entrega de la documentación solicitada.

Deficiencias en residencias de mayores

Por otra parte, existen otros problemas de la ciudadanía que el Síndic ha abordado durante 2024. Entre ellos, la atención residencial a la que tienen derecho las personas mayores. Cuando hay deficiencias en las infraestructuras y servicios, o cuando la Administración no actúa adecuadamente, se afecta el bienestar y las necesidades de estas personas. Muchas quejas señalan el deterioro de las instalaciones y el incumplimiento de los contratos, lo que deja a los mayores en una situación de vulnerabilidad y afecta a su salud y seguridad.

Demoras en la asistencia sanitaria

Asimismo, cabe señalar los retrasos en la asistencia sanitaria -en la realización de pruebas e intervenciones quirúrgicas y en la aplicación de tratamientos médicos- entre las quejas recibidas por el Síndic a lo largo de 2024 en materia de Sanidad, al igual que en años anteriores.

 

ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS DEL INFORME ANUAL 2024

En el Informe Anual 2024 se pueden consultar los datos estadísticos al completo

Tabla 2

Quejas de la ciudadanía iniciadas en 2024

2023 2024 Variación 2024-2023
Tipo Nº % Nº % Nº %
Admitidas 3.034 77,14 3.941 82,62 907 29,89
Inadmitidas 742 18,87 720 15,09 -22 -2,96
Trasladadas a otras defensorías 157 3,99 109 2,29 -48 -30,57
Total 3.933 100,00 4.770 100,00 837 21,28

 

Tabla 6

Lugar de residencia de las personas que presentaron quejas en 2024

2023 2024 Variación 2024-2023
Provincia Hab. Nº % Q/100 k hab. Hab. Nº % Q/100 k hab. Hab. Nº % Q/100 k hab.
Alicante 1.950.357 1.735 44,11 88,96 1.991.259 2043 42,83 102,60 40.902 308 17,75 13,64
Castellón 603.952 290 7,37 48,02 615.849 395 8,28 64,14 11.897 105 36,21 16,12
Valencia 2.656.291 1.849 47,01 69,61 2.709.433 2278 47,76 84,08 53.142 429 23,20 14,47
Comunitat Valenciana 5.210.600 3.874 98,50 74,35 5.316.541 4716 98,87 88,70 105.941 842 21,73 14,35
Otros / No especificado – 59 1,50 – – 54 1,13 – – -5 -8,47 –

Se utilizan las siguientes abreviaturas: Hab. (Habitantes), Nº (Número de quejas), % (Porcentaje de quejas), Q/100 k hab. (Quejas por 100.000 habitantes).

Los datos de población son los que proporciona el INE para los años 2023 y 2024.  El dato de quejas por 100.000 habitantes sólo se ofrece para las tres provincias de la Comunitat, pues carece de sentido para otros orígenes.

Tabla 8

Materias de las quejas de la ciudadanía iniciadas en 2024 y admitidas a trámite

2023 2024 Variación 2024-2023
Materia Nº % Nº % Nº %
Servicios sociales 1.264 41,66 1.888 47,91 624 49,37
Sanidad 121 3,99 122 3,10 1 0,83
Educación 76 2,50 207 5,25 131 172,37
Vivienda 132 4,35 164 4,16 32 24,24
Empleo 208 6,86 247 6,27 39 18,75
Transparencia 301 9,92 432 10,96 131 43,52
Procedimientos administrativos 259 8,54 200 5,07 -59 -22,78
Hacienda pública 74 2,44 80 2,03 6 8,11
Servicios públicos y medio ambiente 347 11,44 317 8,04 -30 -8,65
Urbanismo 113 3,72 128 3,25 15 13,27
Industria, agricultura, comercio y turismo 27 0,89 19 0,48 -8 -29,63
Justicia y administración corporativa 22 0,73 27 0,69 5 22,73
Infancia y adolescencia 50 1,65 56 1,42 6 12,00
Deporte y cultura 25 0,82 39 0,99 14 56,00
Derechos lingüísticos 15 0,49 15 0,38 0 0,00
Total 3.034 100,00 3.941 100,00 907 29,89

Tabla 9

Tipos de cierre de quejas de la ciudadanía finalizadas en 2024

2023 2024 Variación 2024-2023
Tipo de cierre Nº % Nº % Nº %
Con solución 1.153 39,36 1.489 41,42 336 29,14
Con compromiso de solución 555 18,95 597 16,61 42 7,57
Sin aceptación de consideraciones 488 16,66 786 21,86 298 61,07
Sin respuesta a consideraciones 466 15,91 462 12,85 -4 -0,86
Otros 267 9,12 261 7,26 -6 -2,25
Total 2.929 100,00 3.595 100,00 666 22,74

El tipo de cierre otros engloba cierres por desistimiento, por fallecimiento, por judicialización del asunto, por detectar que ya se estaba tramitando otra queja por ese mismo motivo, etc.

Grado de colaboración de las Administraciones investigadas (Consell y ayuntamientos) en quejas cerradas en 2024

Para todas las consellerias que ha habido durante 2024 se da la información de colaboración. En el caso de las consellerias que han cambiado de nombre (o que han ganado o perdido alguna competencia), en las tablas siguientes se indica el nombre actual, por claridad.

 

Administración Total quejas Sí colabora No colabora % colabora
Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda 1799 1528 271 84,94
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo 192 161 31 83,85
Conselleria de Sanidad 142 136 6 95,77
Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio 46 25 21 54,35
Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública 37 29 8 78,38
Conselleria de Justicia e Interior 36 31 5 86,11
Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo 34 11 23 32,35
Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte 11 10 1 90,91
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca 4 2 2 50,00
Conselleria de Justicia y Administración Pública 3 2 1 66,67
Conselleria de Emergencias e Interior 1 1 0 100,00
Presidencia de la Generalitat Valenciana 3 3 0 100,00
Total Consell 2308 1939 369 84,01
Agencia Tributaria Valenciana 9 8 1 88,89
LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación) 4 3 1 75,00
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo 1 0 1 0,00
Hospital Universitario La Fe 1 0 1 0,00
Instituto Valenciano de Finanzas 1 0 1 0,00
Total otras entidades autonómicas 16 11 5 68,75
Ayuntamientos de la provincia de Alicante 651 415 236 63,75
Ayuntamientos de la provincia de Castellón 179 119 60 66,48
Ayuntamientos de la provincia de Valencia 672 454 218 67,56
Total ayuntamientos 1502 988 514 65,78

 

Accede al contenido completo del Informe anual 2024.

Luna: «Las demoras de valoración de la dependencia se reducirían cumpliendo el contrato-programa y ampliando el equipo de la Conselleria»

El Síndic de Greuges considera que las demoras en las valoraciones de los expedientes de dependencia podrían reducirse con la plena contratación de los equipos de atención primaria básica previstos en el contrato-programa, y con la ampliación del equipo de valoración de la Conselleria. Esta es la conclusión con la que el defensor cierra la queja de oficio que abrió para investigar las causas, motivos y posibles soluciones a la demora en la valoración de las personas, dado el tiempo que transcurre desde la solicitud hasta dicha valoración, pasando por la grabación y validación de esta.

La apertura de esta queja de oficio se debe al significativo aumento del número de municipios que, en sus respuestas a las peticiones de información del Síndic, revelan graves deficiencias en el funcionamiento de los servicios sociales generales. Estas deficiencias afectan directamente a la tramitación de los expedientes de dependencia, destacando las demoras en las valoraciones de las personas debido a la falta de personal, problemas informáticos, deficiencias de organización y otros factores.

Uno de los municipios afectados es el Ayuntamiento de Ibi (Alicante), cuyos expedientes de queja han permitido conocer en mayor profundidad la dimensión del problema, común a muchos pueblos y ciudades. Por ello, esta institución eligió a Ibi como municipio de referencia para abrir una queja de oficio, además de dirigirse a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda como responsable final.

El Síndic de Greuges recomendó a la Conselleria de Servicios Sociales que simplifique el proceso de valoración de las personas dependientes para evitar retrasos, y que facilite los trámites iniciales para reconocer la situación de dependencia. También sugirió garantizar una financiación adecuada y continua a las administraciones locales, así como crear bolsas de trabajo a nivel autonómico, provincial y comarcal para mejorar la contratación de personal.

Además, el Síndic pidió analizar las dificultades que tienen los ayuntamientos para contratar profesionales, incluir a COSITAL en la elaboración de convenios-programa, y reforzar las plantillas de los servicios sociales. Asimismo, recomendó no demorar la validación de las solicitudes de dependencia y establecer criterios claros y públicos para priorizar las valoraciones.

Por otra parte, el defensor recomendó al Ayuntamiento de Ibi recabar ayuda directa del equipo de valoradores de la Conselleria temporalmente; proseguir con la preparación del próximo contrato-programa, evitando demoras; agilizar la grabación de las solicitudes de reconocimiento de dependencia; solicitar una ampliación del personal del equipo de intervención social y soporte jurídico-administrativo; y prever una plantilla ajustada a sus necesidades en el próximo contrato-programa.

A pesar de que tanto la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda como el Ayuntamiento de Ibi han aceptado parcialmente las recomendaciones del Síndic de Greuges, el problema sigue latente y depende de la existencia de una consignación adecuada y suficiente en las correspondientes leyes de presupuestos de la Generalitat.

Accede a las resoluciones del Síndic sobre este asunto.

La Conselleria acepta la recomendación del Síndic y resuelve la ayuda a la dependencia de un niño de 5 años, tras 20 meses de espera

Luna advierte del impacto negativo de estas demoras en niños con discapacidad

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha atendido la recomendación del Síndic de resolver con urgencia el grado de dependencia y el correspondiente programa individual de atención (PIA) de un niño de cinco años, con un 42% de discapacidad y con autismo. Una solicitud que la madre del menor había presentado ante la Administración, en julio de 2023.

Pese a que finalmente la queja se ha solucionado, el Síndic ha insistido en que la demora de más de 20 meses en resolver sobre el grado de dependencia ha vulnerado los derechos del menor, al no valorarse su interés superior como primordial en las decisiones que le afectan. Además, la falta de agilidad en las actuaciones ha tenido un impacto negativo e irreversible en su desarrollo.

Y es que, a pesar de que la madre presentó la solicitud en julio de 2023 y adjuntó toda la documentación pertinente, no fue hasta marzo de 2024 cuando los servicios sociales realizaron la visita domiciliaria. En su escrito al Síndic, la madre del menor denunciaba lo siguiente: «como madre monoparental y perteneciente a una familia numerosa de categoría especial, apenas puedo costear las necesidades de mi hijo, lo que hace que esta espera haya sido aún más perjudicial».

Son numerosas las quejas que tramita esta institución por los graves retrasos en resolver las ayudas a la dependencia. Cuando las personas afectadas son menores de edad, estas demoras suman un mayor perjuicio si cabe, pues perjudica directamente su desarrollo inmediato y futuro.

Consulta el contenido íntegro de la resolución en este asunto.

El Síndic censura el retraso en dictar un informe de adaptación laboral a una persona con discapacidad intelectual

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, reprocha a la Conselleria de Servicios Sociales y a la Conselleria de Justicia e Interior su falta de coordinación y diligencia para resolver el acceso al empleo público de una persona con discapacidad intelectual.

A finales de noviembre de 2024, la madre de la afectada se dirigió al Síndic por la falta de respuesta al escrito que presentó a la Conselleria competente en Función Pública. En él solicitaba un informe de adaptación laboral para poder activar a su hija en la bolsa de trabajo temporal de Ayudante de Residencia.  Una bolsa en la que estaba inscrita, pero figuraba como “no disponible” a falta de dicho informe.

Esta institución ya había tramitado una queja previa sobre este asunto.

En su resolución, el Síndic concluye que la Administración autonómica ha incurrido en una «falta absoluta de coordinación» a la hora de emitir el informe correspondiente de adaptación del puesto de trabajo para personas con diversidad funcional, en función de la bolsa de trabajo a la que pertenezcan. Y le ha recordado que, en lo que respecta a las personas con diversidad funcional, la adaptación del puesto de trabajo es un requisito legal que las administraciones públicas están obligadas a cumplir.

Luna también afea a la Administración que la madre de la persona afectada se haya visto obligada a peregrinar por dos consellerias y presentar quejas en el Síndic para obtener los informes necesarios de adaptación al puesto de trabajo que permitan el acceso al empleo público de su hija. De hecho, transcurrido más de un año, todavía no se ha producido su incorporación efectiva.

Por último, el Síndic pide a la administración que considere la posibilidad de que la trabajadora desempeñe otros puestos dentro de la Agrupación Profesional Funcionarial de Subalterno/a, tal y como indicaba el informe de la Comisión de Estudios de la Diversidad Funciona y conforme a las adaptaciones sugeridas por el INVASSAT.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

 

 

El Síndic pide que se pueda acceder a la historia clínica desde cualquier centro del sistema valenciano de Salud

Luna apremia a reducir la lista de espera en el Servicio de Traumatología del Hospital de Ontinyent

Ángel Luna, síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, ha recomendado a la Conselleria de Sanidad que garantice el acceso a las historias clínicas electrónicas (HCE)  entre los centros sanitarios del sistema valenciano de salud, una medida crucial para agilizar los diagnósticos y tratamientos. Concretamente, en el caso que nos ocupa, Luna ha pedido que el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva remita directamente un informe de traumatología al Hospital General de Ontinyent, para que los facultativos de ese centro puedan tener pleno conocimiento de la situación clínica del paciente.

La actuación del defensor del pueblo valenciano surge a raíz de la queja de una ciudadana, que denunció la demora de un año para ser citada en el servicio de Traumatología del Hospital d’Ontinyent. Este retraso, que le afectaba tanto en su salud como en la renovación de su certificado de discapacidad, le causaba perjuicios significativos.

La Conselleria de Sanidad comunicó al Síndic que en dicho servicio del Hospital de Ontinyent se habían visto obligados a priorizar la lista de espera debido a la gran demanda de consultas, a la vez que informaban que finalmente habían citado a la persona afectada.

Efectivamente, la interesada confirmó la visita al traumatólogo en el Hospital d’Ontinyent, pero se lamentaba de que uno de los motivos de su cita, la renovación de la valoración de discapacidad, seguía sin resolverse, puesto que el facultativo que la atendió afirmó no tener acceso al informe de traumatología del Hospital de Xàtiva Lluís Alcanyís, que era fundamental para dicha renovación. De acuerdo con la persona afectada, se le aconsejó acudir al centro hospitalario de Xàtiva para obtener el informe y entregarlo personalmente al médico del otro hospital.

En su resolución, el Síndic hace referencia a esa falta de coordinación de hospitales del mismo Departamento de Salud. En este sentido, Luna destaca la importancia de la Historia Clínica Electrónica en esa coordinación asistencial, para que desde cualquier centro del Sistema Valenciano de Salud se pueda acceder a los datos de un paciente y facilitar las decisiones de los profesionales sanitarios, con un pleno conocimiento de la situación clínica actualizada del paciente. De esta forma, se reducirían los tiempos de espera para establecer un diagnóstico y su tratamiento, así como evitar la repetición de pruebas médicas.

Por último, Luna también recuerda en su resolución que los datos contenidos en la historia clínica del paciente tienen un alto componente de intimidad. «Se trata de unos datos sensibles, por lo que merecen una protección reforzada y sólo se podrán tratar bajo ciertas condiciones, límites y con determinadas garantías», ha matizado el defensor.

Consulta nuestra actuación en este asunto.

 

El Síndic pide garantizar la transparencia en la asignación de plazas residenciales y centros de día para personas mayores autónomas

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda sigue sin asignar una plaza residencial a una mujer de 88 años tras más de 7 años de espera

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha pedido a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que resuelva de manera urgente la solicitud de una plaza para personas autónomas en la Residencia de Personas Mayores Pintor Emilio Sala de Alcoy, que fue solicitada en marzo de 2017.

En su resolución, y tras el estudio de los informes remitidos por la Conselleria, Luna tilda de “absoluta falta de transparencia” la gestión de un recurso público dirigido a las personas mayores. Y es que, la interesada, más allá del requerimiento recibido en 2024 para actualizar su solicitud, no había tenido más información en relación con su solicitud de marzo de 2017. Fue solo, tras la intervención del Síndic cuando la Conselleria comunicó a esta institución que, en ese momento, esta persona ocupaba la posición 17 en la lista de espera.

La Comisión Técnica de Valoración (constituida desde la Dirección Territorial correspondiente) es la encargada de estudiar y valorar las solicitudes y elaborar una lista de reserva con las que quedan pendientes de ingreso por orden de prelación. Esta comisión técnica se reúne quincenalmente y está obligada a levantar acta de cada sesión celebrada. De acuerdo con la información facilitada por la Administración, los criterios de prioridad son los siguientes: 1 Emergencia social, 2 Exclusión social, 3 Urgencia socio-sanitaria, 4 Agrupamiento familiar, 5 Personas mayores autónomas.

En el informe que la Conselleria remitió al Síndic, esta no facilitó datos concretos ni contrastables sobre los ingresos en la residencia alcoyana tras la solicitud de la interesada o sobre los motivos que hubieran podido alterar la lista de espera. Tampoco aportó las preceptivas actas que debían acreditar las decisiones adoptadas por la Comisión Técnica de Valoración, pues, según la Conselleria, sólo constaban actas a partir de junio de 2023.

Fue precisamente esta falta de información la que impidió que la interesada pudiera ejercer sus derechos y tomar decisiones informadas sobre su situación: desde la posibilidad de recurrir otras asignaciones de plazas que pudieron haber alterado la lista de espera a lo largo de estos siete años, a la opción de optar por otros recursos.

Por todo ello, Luna urge a la administración autonómica a garantizar la transparencia en la asignación de plazas residenciales y centros de día para personas mayores no dependientes, así como en las decisiones que adopten los órganos competentes. Concretamente, insta a que los solicitantes tengan acceso permanente a la información relativa a su petición, especialmente a su posición en la lista de espera y a las causas que motivan las variaciones en el orden de las mismas.

En el caso concreto que dio origen a esta queja, se trata de una persona mayor que, aunque en el momento de presentar la queja podía valerse por sí misma, cumplía todos los requisitos para acceder a un recurso contemplado por la propia Administración. Un recurso, el de Residencia para personas mayores no dependientes, que ofrece una atención profesional permanente mediante los servicios de alojamiento y manutención, rehabilitación menor, terapia ocupacional y otros servicios de carácter cultural y recreativo cuyo objetivo final es el de mantener y favorecer el bienestar de las personas mayores residentes.

Por todo ello, el Síndic concluye que la Administración debe garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de personas vulnerables como los mayores, para asegurar que puedan acceder a los recursos y servicios que necesitan de manera justa y transparente.

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El Síndic reprocha al Consell la grave demora del centro de valoración de discapacidad de Alicante

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha requerido a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que resuelva con carácter urgente la solicitud de revisión del grado de una persona con una discapacidad del 68% reconocida en el año 2020. Dado el agravamiento de su situación, solicitó hace más de 10 meses una revisión y el reconocimiento de necesidad de ayuda de tercera persona.

En el transcurso de la investigación, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda informó al Síndic que en el centro base de Alicante se estaban resolviendo, en ese momento, solicitudes de abril de 2023. Un dato que pone de manifiesto la grave demora en dar respuesta a las solicitudes de valoración de grado de discapacidad.  Y es que, situaciones como la descrita, no sólo afectan al ciudadano que presentó esta queja, sino a muchas otras personas con discapacidad que esperan la resolución de sus expedientes para poder acceder a los derechos, prestaciones y recursos esenciales que les corresponden para así mejorar sus condiciones de vida y conseguir su inclusión sociolaboral. Así se desprende de las numerosas quejas tramitadas en el Síndic sobre esta problemática en las que la administración demora la resolución en más de un año.

La Conselleria, por su parte, justificaba esta tardanza en la «creciente afluencia de solicitudes, motivo por el cual se sigue un orden riguroso». Un argumento que no es compartido por el Síndic, que considera que la administración autonómica ha incurrido en un grave incumplimiento de sus obligaciones legales al demorar significativamente la resolución de solicitudes de revisión de grado de discapacidad. Por ello, Luna le recomienda que implemente un plan de choque que resuelva estos expedientes en el plazo de tres meses establecido por ley.

Consulta nuestra actuación sobre este asunto.