Conselleria se compromete con el Síndic a reforzar personal y agilizar trámites para reducir el atasco en valorar la discapacidad

La valoración oficial del grado de discapacidad es un paso imprescindible para acceder a ayudas, prestaciones y derechos sociales. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, decenas de miles de personas llevan más de un año esperando a que su expediente sea revisado. Esta situación ha generado un gran malestar social y un notable incremento de quejas ciudadanas relacionadas con este problema desde 2024.

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha cerrado hoy su investigación de oficio sobre las graves demoras en la valoración de la discapacidad con el compromiso de la Conselleria de Servicios Sociales de aceptar algunas de las recomendaciones propuestas para atajar el problema.

El defensor propuso nueve recomendaciones a la Conselleria, entre las que destacan la necesidad urgente de reforzar los recursos humanos, crear más equipos de valoración, acelerar la implantación de la nueva herramienta informática y mejorar la información a los solicitantes sobre los plazos de resolución de sus expedientes

Servicios Sociales ha aceptado seis de estas recomendaciones, aunque sin concretar plazos de cumplimiento. Cabe señalar que la Administración autonómica se ha comprometido a la contratación temporal de 24 nuevos profesionales para reforzar los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad en Castellón, Valencia y Alicante; a aprobar una nueva orden reguladora del procedimiento; a acelerar la implantación de una aplicación informática que facilite la gestión; y a colaborar con las organizaciones sociales del sector para mejorar la atención y el asesoramiento a las personas con discapacidad.

La Conselleria espera que estas medidas ayuden a reducir el volumen de expedientes pendientes, que supera los 61.000 en toda la Comunitat, según la información que ha proporcionado a esta institución. Una cifra que refleja la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas eficaces y urgentes.

Por contra, la Administración ha rechazado la recomendación de informar de manera individual a cada solicitante sobre el tiempo estimado para la resolución de su expediente, alegando que supondría una carga administrativa extra no prevista en la ley. También descarta crear más equipos de valoración a nivel de departamentos sociales y emitir resoluciones provisionales para quienes están pendientes de revisión, medidas que el Síndic considera razonables y necesarias para garantizar una buena administración y reducir la incertidumbre de las personas afectadas.

Luna ha recordado que el tiempo medio de espera para la valoración de la discapacidad es actualmente de un año y medio. Además, ha anunciado que hará un seguimiento del cumplimiento de las medidas aceptadas.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic advierte del riesgo de utilizar y estigmatizar a los menores migrantes en el debate político valenciano

La X Jornada sobre Infancia y Adolescencia, celebrada en Alicante, reúne a expertos que reivindican el respeto y los derechos de los jóvenes migrantes y abordan su integración

En plena negociación política para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, el síndic de Greuges de la Comunitat, Ángel Luna, ha advertido sobre el riesgo de convertir a los menores migrantes en objeto de controversia y estigmatización. Durante la X Jornada sobre Infancia y Adolescencia, celebrada en la Universidad de Alicante, Luna subrayó que “no se puede negociar con el respeto a los derechos de los niños”, recordando que la protección de los más vulnerables debe prevalecer sobre cualquier interés partidista. El defensor insistió en que los menores migrantes no representan una amenaza ni una carga para la sociedad valenciana, sino que buscan oportunidades y merecen ser acogidos e integrados con dignidad.

La Facultad de Educación de la Universidad de Alicante acogió ayer la X Jornada del Síndic de Greuges sobre Infancia y Adolescencia, centrada en la acogida e integración de menores migrantes sin referentes familiares. El encuentro reunió a destacados expertos y profesionales del ámbito social, quienes analizaron los desafíos y buenas prácticas en la atención a estos jóvenes.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Elena Arce, directora del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo de España, quien ofreció datos actualizados sobre menores migrantes no acompañados recogidos en el Informe del Defensor del Pueblo. Arce subrayó la importancia de garantizar la protección y el acompañamiento de estos menores, destacando la necesidad de políticas integrales y coordinadas.

A continuación, intervino Violeta Quiroga, trabajadora social y profesora de la Universidad de Barcelona, quien defendió la integración de los jóvenes migrantes en la sociedad española: “Necesitamos mano de obra extranjera, nuestra sociedad está envejeciendo, y qué mejor que los jóvenes que han llegado cuando eran muy jóvenes porque crecieron en nuestras casas.”

La mesa redonda contó con la participación de Calixto Herrera Rodríguez, de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, y Juan Antonio Fuster Sánchez, director de la residencia Buenavista de Gandía (Fundación Amigó), quienes compartieron experiencias sobre la acogida y la intervención con menores migrantes en diferentes comunidades autónomas.

Ignacio Fariña Sarasqueta, director de Acogida e Integración de las Personas Inmigrantes del Gobierno Vasco, presentó la experiencia de éxito de un programa de apoyo a la emancipación de jóvenes migrantes en situación de riesgo social, destacando la Estrategia TRAPEZISTAK.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el testimonio de Bader Hamdidi, joven marroquí de 18 años que llegó a España con 14 tras una dura travesía en patera. Bader relató su experiencia en centros de acogida, su formación y su integración laboral en la Comunitat Valenciana. “Venir a España está bien porque hay más oportunidades, pero no merece la pena tirarse al mar”, afirmó. Su historia sirvió para poner rostro y voz a la realidad de los menores migrantes y para reivindicar la importancia de la acogida y el acompañamiento en su proceso de integración.

La jornada concluyó con la intervención institucional de Ángel Luna, síndic de Greuges, quien reiteró la necesidad de defender los derechos de la infancia y la adolescencia, recordando que la protección de los menores migrantes es una responsabilidad compartida que debe estar por encima de cualquier debate político.

El Síndic investiga la cita previa en la EVHA por obstaculizar la atención presencial y el acceso a trámites esenciales

La institución abre una queja de oficio para determinar si este sistema, implantado tras la pandemia, vulnera los principios de proximidad y servicio efectivo

De las cuatro oficinas de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo que hay en la Comunitat, sólo una de Valencia y la de Alicante permiten solicitar cita previa, mientras que la otra de Valencia no atiende al público y la de Castellón permanece cerrada actualmente

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha abierto una investigación de oficio tras recibir quejas ciudadanas que denuncian el sistema de cita previa impuesto por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), por las dificultades que supone para acceder a trámites esenciales. La institución pretende aclarar si esta práctica, extendida tras la pandemia, vulnera los principios de proximidad y servicio efectivo que las administraciones deben asegurar a la ciudadanía, como garantía del derecho a una buena administración.

La atención a la ciudadanía es un pilar fundamental en la relación entre la Administración y la sociedad. Así lo recoge el reciente Decreto 30/2025 del Consell, que subraya la importancia de ofrecer canales accesibles y próximos para garantizar la confianza y la satisfacción de los ciudadanos. Sin embargo, la generalización del sistema de cita previa en la EVHA ha generado numerosas quejas, especialmente tras la pandemia, cuando esta medida, inicialmente excepcional, se ha mantenido como requisito habitual para acceder a servicios presenciales, incluso para trámites sencillos como la presentación de documentos.

El Síndic ya advirtió en su informe anual de 2022 que la cita previa, una vez superadas las restricciones sanitarias, puede suponer una barrera injustificada que infringe derechos reconocidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Según la institución, esta práctica responde más a una inercia administrativa que a una verdadera necesidad de organización, y puede dificultar el acceso efectivo a servicios públicos esenciales, como el derecho a la vivienda.

La investigación abierta por el Síndic se centra en la gestión de la cita previa en la EVHA, entidad responsable de promover y gestionar viviendas públicas en la Comunitat Valenciana. El defensor ha detectado que el sistema actual presenta importantes limitaciones porque cada oficina de la EVHA funciona con horarios y procedimientos distintos. En la Comunidad Valenciana existen cuatro oficinas repartidas en las tres capitales de provincia: dos en Valencia, una en Alicante y otra en Castellón. Sin embargo, sólo se permite solicitar cita en dos de ellas: en una de las de Valencia y en la de Alicante. La otra oficina de la ciudad de Valencia no ofrece atención al público y la de Castellón actualmente está cerrada. Además, la web de la EVHA remite a otros puntos de atención que no siempre están disponibles para los solicitantes de vivienda.

Dada esta situación, el Síndic ha solicitado a la EVHA un informe en el plazo de un mes para que justifique el sistema de cita previa, detalle los canales de acceso, explique las diferencias entre sedes y cuantifique la demanda real de los usuarios.

Asimismo, pide información sobre los recursos humanos disponibles, la colaboración con servicios sociales y las razones de las restricciones actuales.

Con esta actuación, el Síndic de Greuges reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la ciudadanía valenciana y la mejora de la atención pública, especialmente en un ámbito tan sensible como el acceso a la vivienda.

Consulta la resolución del Síndic sobre este asunto.

El Síndic recuerda a Vila-real su obligación de reservar plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recordado al Ayuntamiento de Vila-real que debe reservar al menos un 10 % de las plazas en sus ofertas de empleo público para ser cubiertas por personas con discapacidad, con independencia del sistema selectivo utilizado.

Así se recoge en dos resoluciones dictadas por el Síndic tras las quejas por la falta de esa reserva en las ofertas de empleo público ordinaria y complementaria aprobadas en 2022 por el Ayuntamiento, ambas destinadas a la estabilización de empleo temporal: una con 100 plazas y otra con 34.

El Ayuntamiento trasladó al Síndic que esa reserva no era aplicable a los procesos de estabilización por concurso de méritos previstos en la Ley 20/2021, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público. También señalaba que la plantilla municipal ya cumplía con la obligación de que al menos el 3 % de sus plazas estén ocupadas por personas con diversidad funcional y que las ofertas de empleo público ordinarias de 2022, 2023 y 2024 sí respetaron el cupo del 10 %.

El Síndic, en cambio, rechazó esta interpretación y consideró vulnerado el derecho de acceso al empleo público del colectivo de personas con discapacidad, ya que no se les permitió participar en procesos selectivos reservados en exclusiva, que debían suponer al menos el 10 % del total de plazas ofertadas. Además, Luna recordó que la Ley 4/2021, de la Función Pública Valenciana, obliga a reservar ese porcentaje mínimo en todas las ofertas de empleo público, con independencia del sistema selectivo que se utilice.

Tras analizar la respuesta municipal, el Síndic concluye que el Ayuntamiento no ha atendido sus recomendaciones, ya que no se pronuncia expresamente sobre las ofertas de estabilización objeto de las quejas y se limita a reiterar que cumple la normativa en las ofertas ordinarias.

Consulta las resoluciones del Síndic sobre este asunto:

Los Defensores del Pueblo reclaman medidas urgentes contra el riesgo suicida y la segregación escolar

Las Defensorías del Pueblo han concluido en Zaragoza sus XXXVIII Jornadas de Coordinación, organizadas por la Justicia de Aragón, con la aprobación de las Conclusiones Técnicas sobre “Vulnerabilidad en las aulas”, un documento que subraya la obligación de las Administraciones públicas de garantizar la equidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, adoptando medidas urgentes frente al riesgo suicida, la segregación escolar y el acoso.

En el marco de esas jornadas, el síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, fue el encargado de dirigir la mesa redonda titulada “Acoso y soledad en la infancia y la adolescencia”. Asimismo, el técnico de Educación del Síndic, Pedro García, intervino en otra de las mesa redonda en la que se analizaron los recursos y estrategias necesarios para atender al alumnado más vulnerable.

Las conclusiones aprobadas recogen quince recomendaciones dirigidas a las Administraciones educativas y sanitarias, entre las que destacan:

Garantizar la equidad y la inclusión en todas las etapas educativas, promoviendo la escolarización en centros ordinarios y considerando la educación especial como excepcional y subsidiaria.
Asegurar la detección precoz y la atención temprana del alumnado con necesidades educativas especiales, dotando de recursos personales y materiales suficientes.
Prevenir los problemas de salud mental y el riesgo suicida en adolescentes y jóvenes, extremando la coordinación entre los ámbitos educativo, sanitario y social.
Reforzar la lucha contra el acoso escolar, con un mensaje de “rechazo absoluto” a toda forma de violencia y dotando de medios al Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado.
Evitar la segregación escolar, estableciendo medidas para una distribución equilibrada del alumnado vulnerable en los procesos de admisión y mejorando la acogida y la inclusión.
Promover la gratuidad de la educación infantil (0-3 años) y garantizar una oferta suficiente de plazas de calidad.
Definir criterios pedagógicos sobre el uso de dispositivos móviles y tecnologías digitales (TRIC), asegurando que la implantación de la Inteligencia Artificial respete los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.

Las Defensorías del Pueblo concluyen que la educación, como derecho fundamental debe ser garantizada en condiciones de igualdad para todos los niños, niñas y adolescentes, con especial atención a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Consulta el documento completo de las Conclusiones de las XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo.

El Síndic critica que FGV imponga sanciones encubiertas a usuarios del TRAM con la excusa de regularizar billetes

La institución exige a la Conselleria que respete las garantías legales de los viajeros y revise el sistema de validación de los billetes

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, cuestiona duramente la actuación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio por aplicar recargos a usuarios del TRAM d’Alacant sin seguir el procedimiento sancionador que marca la ley. La institución considera que estas prácticas, presentadas como “regularización del billete”, encubren sanciones que vulneran derechos fundamentales y reclama cambios urgentes para proteger a los ciudadanos.

El defensor abrió una investigación tras recibir la queja de una ciudadana que viajaba en la línea Benidorm-Dénia del TRAM d’Alacant y fue obligada a abonar 20 euros por un billete irregular. Según explica la afectada, tanto ella como su acompañante validaron correctamente su tarjeta azul del TRAM en el dispositivo del vagón, sin que el sistema mostrara ningún error. No obstante, una revisora les informó que ese título no era válido para la línea en la que viajaban y les exigió el pago inmediato de una “regularización”, advirtiéndoles que, de no hacerlo en el acto, se les impondría una sanción de 100 euros. Ante esa amenaza, optaron por pagar en el momento, beneficiándose del descuento del 80% que se aplica por pronto pago.

La afectada presentó una reclamación en la estación de Benidorm, pero recibió una respuesta que justificaba la actuación del personal ferroviario sin atender sus explicaciones ni verificar la validación realizada.

Tras analizar el caso, el Síndic concluye que lo ocurrido no puede considerarse una simple regularización contractual, sino una sanción encubierta que se impone sin respetar las garantías legales previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo. La institución denuncia que el importe exigido —hasta 100 euros por un error en un billete de menos de cinco— resulta desproporcionado y vulnera el principio de proporcionalidad recogido en la Constitución Española.

Además, Luna subraya que el sistema de validación del TRAM permitió el uso de una tarjeta no válida sin avisar del error, lo que provocó que la afectada creyera que todo estaba correcto. Esta situación, según la institución, compromete el principio de confianza legítima y buena fe administrativa, y pone en evidencia fallos en el funcionamiento del sistema que no pueden ser trasladados al ciudadano.

El defensor también critica que FGV no dé a los usuarios la oportunidad de explicar su caso ni les entregue una respuesta oficial que justifique el cobro. Esto impide que puedan defenderse. Por eso, pide a la Conselleria que revise el sistema actual, respete los derechos de los pasajeros y se asegure de que no se les obligue a pagar sin una base legal clara ni un proceso justo.

Finalmente, el Síndic recuerda que la Administración tiene la obligación de informar adecuadamente a los usuarios, facilitar la subsanación de errores y actuar conforme a los principios de buena administración. En este caso, considera que no se ha hecho así y reclama medidas para que no se repitan situaciones similares en el futuro.

Consulta la resolución completa: 12376205.pdf

El Síndic investiga los excesivos retrasos en la valoración de la dependencia infantil

Luna pide información a la Conselleria de Servicios Sociales sobre las causas que impiden a los menores acceder, en el plazo establecido, a las ayudas que les corresponden

El Síndic ha iniciado una investigación de oficio ante la reiterada demora en la resolución y revisión del grado de dependencia de menores, una situación que vulnera derechos fundamentales y contraviene los plazos legales establecidos. La queja se fundamenta en el perjuicio que estas demoras suponen para la infancia, especialmente en procesos de inclusión y rehabilitación, y solicita a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda información detallada sobre cuántos expedientes tiene pendientes, los criterios de revisión, la formación del personal técnico y las medidas adoptadas para reducir la lista de espera.

Tal y como ya constaba en el Informe Anual del Síndic de 2024, las quejas relacionadas con dependencia representan el 33% de los expedientes tramitados y el 70% de los referidos a Servicios Sociales. En el caso de los menores, la Conselleria admite demoras de hasta un año en la resolución del grado, cuando la normativa fija un máximo de tres meses. Esta dilación, sumada a la revisión sistemática de valoraciones ya realizadas por profesionales cualificados, ralentiza el acceso a recursos esenciales y puede dejar obsoletos los informes médicos y psicopedagógicos, obligando a las familias a aportar nueva documentación.

La intervención temprana en la infancia es esencial para favorecer la inclusión y la rehabilitación, aprovechando la capacidad del cerebro para adaptarse en esta etapa. Por ello, cualquier retraso en el reconocimiento del grado de dependencia de menores o en la elaboración de su Programa Individual de Atención (PIA) implica un perjuicio significativo para su desarrollo que puede lastrar el resto de su vida.

Desde las administraciones públicas se requiere un esfuerzo decidido para agilizar estos procedimientos, garantizando así una atención adecuada y oportuna a menores que lo necesitan.

Cabe recordar que la resolución del grado de dependencia es un paso necesario, pero no garantiza por sí sola el acceso a los servicios y ayudas previstas por la ley. Para ello, es imprescindible que la Administración elabore el Programa Individual de Atención (PIA), adaptado a las necesidades de cada persona. Sin embargo, esta fase también sufre retrasos importantes que alargan aún más el proceso, impidiendo que los menores reciban las prestaciones necesarias en tiempo adecuado.

La normativa establece un plazo máximo de seis meses desde la solicitud hasta la asignación de recursos, pero en la práctica este plazo no se cumple, especialmente en el caso de menores, donde la demora en la resolución inicial ya es habitual. Ante esta situación, la Conselleria ha informado que existe un plan de trabajo para reducir la lista de espera, aunque no ha detallado en qué consiste ni qué resultados ha dado hasta ahora.

Ante esta realidad, el Síndic ha solicitado a la Conselleria un informe exhaustivo sobre el número de expedientes con más de seis meses de demora, la existencia de valoraciones previas, la revisión de grados provisionales, la formación específica del personal técnico, y los detalles del plan de trabajo para reducir la lista de espera.

Asimismo, el defensor requiere información sobre la agilidad en la resolución del PIA y el procedimiento de obtención de nuevos informes. La institución recuerda que la protección de los derechos de la infancia es prioritaria y exige a la Administración medidas urgentes para garantizar una atención adecuada y sin demoras injustificadas.

Consulta nuestra resolución.

El Síndic reclama al Ayuntamiento de Alicante espacios dignos y una mejor coordinación para el reparto de alimentos a personas vulnerables

Luna propone habilitar locales municipales, reforzar la colaboración con entidades sociales y aumentar las ayudas económicas

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, urge al Ayuntamiento de Alicante a adoptar medidas concretas que garanticen que el reparto de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad se realice en condiciones dignas, seguras y coordinadas, tras constatar que la falta de recursos y de planificación municipal obliga a decenas de personas a depender de la solidaridad ciudadana en plena vía pública.

La actuación de oficio del Síndic —iniciada a raíz de la comunicación de la Red de Entidades para la Atención de Personas Sin Hogar de Alicante (REPASHA)— pone de manifiesto que el reparto de alimentos en la calle responde a una necesidad social no cubierta por la administración. El informe destaca que, ante la desaparición progresiva de comedores sociales y la insuficiencia de los recursos municipales, son las entidades sociales quienes atienden cada día a entre 150 y 200 personas que no pueden costearse su alimentación básica.

El defensor advierte que la ausencia de espacios adecuados y la falta de coordinación entre el Ayuntamiento y las organizaciones sociales genera riesgos sanitarios, problemas de seguridad y molestias vecinales. Por ello, recomienda al consistorio habilitar locales municipales y ofrecer soporte logístico —como carpas, vallas o recursos materiales— para que el voluntariado pueda desempeñar su labor en condiciones óptimas y respetuosas con la dignidad de los beneficiarios.

Asimismo, Luna insta al Ayuntamiento a reforzar la colaboración con REPASHA, convocando reuniones para coordinar días, horas y lugares de reparto, y a valorar un incremento de las ayudas económicas individualizadas a familias vulnerables, como alternativa al reparto en la vía pública.

El informe de conclusiones del Síndic subraya que la intervención policial en el incidente ocurrido en enero —que concluyó con la disolución de una concentración y una sanción a la organizadora posteriormente revocada por la Delegación del Gobierno— fue un episodio puntual. Más allá de ese acontecimiento concreto, el defensor considera necesario que el Ayuntamiento disponga de ubicaciones idóneas y permanentes para este tipo de acciones solidarias. Además, insiste en que el reparto de alimentos debería realizarse, preferentemente, en espacios cerrados y acotados, que ofrezcan mayores garantías de seguridad y salubridad.

Luna concluye que el reparto de comida en la calle es el reflejo de un sistema de protección social insuficiente, y llama al Ayuntamiento de Alicante a transformar esta realidad mediante una respuesta coordinada, digna y segura, en colaboración con el tercer sector.

Consulta nuestra actuación.

El Síndic urge al Ayuntamiento de Oliva a actuar con firmeza frente al ruido de los locales de ocio en la playa

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha emitido una resolución en la que recomienda al Ayuntamiento de Oliva adoptar con rapidez y determinación todas las medidas necesarias para verificar y erradicar las molestias acústicas derivadas del funcionamiento de diversos locales de ocio en la playa de esta localidad.

La actuación del Síndic se originó tras la queja de una vecina que desde 2022 denuncia ruidos, música a alto volumen y alteraciones del descanso vecinal, así como botellones y comportamientos incívicos en las inmediaciones de su vivienda. Entre las fuentes de molestia señaladas, la afectada menciona un chiringuito instalado cerca de su domicilio —que considera ubicado en una zona de protección dunar—, además de un pub y una zona con música en vivo y foodtrucks. Según explica, había presentado numerosas quejas ante el Ayuntamiento, aportando fotografías y vídeos que acreditan las molestias.

El Ayuntamiento de Oliva informó al Síndic de que había desarrollado operativos conjuntos de la Policía Local y la Guardia Civil para controlar los horarios, el ruido y las aglomeraciones en la zona. No obstante, la persona interesada considera que las medidas no han resultado efectivas y que las molestias continúan.

El Síndic recuerda que la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica prohíbe que los locales transmitan al exterior niveles sonoros superiores a los permitidos y que la legislación faculta a los ayuntamientos para ordenar la suspensión o clausura de aquellos establecimientos que incumplan la normativa. Asimismo, advierte que los ruidos excesivos pueden afectar gravemente a la salud y vulnerar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la protección de la salud, el derecho a un medio ambiente adecuado y el derecho a una vivienda digna, según ha reconocido el Tribunal Constitucional.

En su resolución, el Síndic subraya que los vecinos que viven junto a estos locales de ocio están soportando unas molestias que no tienen por qué tolerar. A pesar de haber recurrido reiteradamente al Ayuntamiento por las vías legales disponibles, no han obtenido una solución efectiva, pese a que la propia administración no niega la existencia del problema. Los vecinos, señala el defensor, ven pasar el tiempo sin una respuesta satisfactoria, lo que constituye un caso de mala administración y afecta a su derecho a una buena administración, así como a la protección de su salud y entorno.

Por todo ello, el Síndic recomienda al Ayuntamiento de Oliva emitir una respuesta expresa, motivada y congruente a todas las peticiones formuladas por la persona afectada desde 2022; ejercer sus competencias inspectoras para determinar la realidad de las molestias por contaminación acústica; y adoptar las medidas correctoras necesarias para eliminar dichas molestias y garantizar el pleno respeto de los derechos de los vecinos afectados.

El Síndic recuerda que las administraciones públicas deben actuar con diligencia, empatía y eficacia ante los problemas que sufren las personas.

La resolución completa puede consultarse en el siguiente enlace.

El Síndic exige al Ayuntamiento de Alicante la contratación urgente de personal para restablecer los servicios sociales

Luna concluye que el consistorio desmanteló servicios esenciales para la atención de la población más vulnerable desde enero de 2025, incumplió la ley y obstaculizó la investigación con una actitud opaca y evasiva

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha emitido una dura resolución sobre la situación de los servicios sociales municipales en Alicante, tras una investigación de oficio iniciada en enero de este año. El detonante fue el cese de 175 profesionales adscritos al Contrato Programa 2021–2024, que finalizó el 31 de diciembre de 2024. Esta decisión, tomada por el Ayuntamiento, ha tenido consecuencias directas en la atención a personas en situación de vulnerabilidad, generando listas de espera de hasta cuatro meses y una merma significativa en la calidad de los servicios prestados.

La investigación del Síndic revela que el consistorio alicantino no sólo ha incumplido la ratio mínima de personal exigida por la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos, sino que además ha mostrado una preocupante falta de colaboración institucional. A pesar de los reiterados requerimientos de información, el Ayuntamiento ha ofrecido respuestas incompletas, imprecisas y, en muchos casos, contradictorias con actas oficiales. Esta actitud ha dificultado gravemente el trabajo del Síndic, que denuncia la opacidad del consistorio y su negativa a asumir responsabilidades en un ámbito tan sensible como el de los servicios sociales.

En su resolución, el Síndic recuerda que el Ayuntamiento de Alicante está obligado por ley a garantizar que los servicios sociales cuenten con el personal necesario para atender adecuadamente a la ciudadanía, especialmente en áreas como dependencia, personas en riesgo de exclusión, infancia, discapacidad y salud mental.

Asimismo, el defensor reclama al consistorio que proceda de forma urgente a contratar al personal necesario, que evalúe el impacto de la situación en la población usuaria y que adopte medidas para paliar las consecuencias generadas. También pide a la Conselleria que cumpla con su deber de ejercer funciones de inspección, control de calidad y potestad sancionadora para asegurar el cumplimiento de la ley.

El impacto de esta reducción de plantilla —que afecta a casi el 50 % del personal de servicios sociales según la memoria municipal de 2023— ha sido especialmente grave en servicios esenciales como el de atención a personas con enfermedad mental (SASEM), el equipo de intervención con infancia y adolescencia (EEIIA), el equipo de atención a mayores en riesgo (EIMAD), el servicio de acogida, la asesoría jurídica y la atención a entidades sociales. La ciudadanía más vulnerable ha visto deteriorada la atención que recibe, en un contexto demográfico marcado por el envejecimiento y la alta dependencia, como recoge el propio Plan Estratégico Zonal de los Servicios Sociales de Alicante 2023–2026.

Más de 300.000 euros devueltos por falta de ejecución de programas y de contratación

En la información aportada por el Ayuntamiento de Alicante queda de manifiesto que este devolvió más de 309.000 euros a la Conselleria de Igualdad en 2025 por no justificar parte de la subvención recibida en el marco del Contrato Programa 2021-2024. Esta devolución se debió a la falta de ejecución de programas sociales comprometidos y a la no contratación del personal previsto, como psicólogos, educadores sociales y agentes de igualdad. También quedaron sin justificar fondos destinados a iniciativas como Barrios Inclusivos, Ayuda a Domicilio, Menjar a Casa, Igualdad y LGTBI.

Aunque el pasado 15 de julio se aprobó un nuevo Contrato Programa para el periodo 2025-2028, a día de hoy no consta la incorporación del personal necesario según la ley de servicios sociales, una situación que se arrastra desde el 1 de enero de este año.

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, por su parte, informó al Ayuntamiento de la continuidad del Contrato Programa para el periodo 2025–2028, garantizando la financiación retroactiva desde el 1 de enero de este año. Además, emitió circulares y certificados presupuestarios, y ofreció reuniones técnicas para asegurar la estabilidad laboral del personal. Sin embargo, el Ayuntamiento no incorporó a los profesionales en su plantilla ni adoptó medidas para evitar los despidos, incumpliendo así sus obligaciones legales y provocando una situación de colapso en los servicios sociales municipales.

El Síndic concluye que el Ayuntamiento ha incumplido su deber de garantizar la prestación de los servicios sociales de atención primaria básica y específica de su competencia, ha vulnerado los derechos de las personas usuarias al no asegurar la continuidad de la atención, y ha ignorado las obligaciones de consolidación de plantilla previstas en la normativa vigente. Además, denuncia que la Conselleria, pese a haber actuado con mayor diligencia, no ha adoptado medidas firmes para revertir las deficiencias detectadas ni para garantizar una respuesta rápida ante el problema.

La crisis de los servicios sociales en Alicante no es fruto de una contingencia inesperada, sino de una falta de previsión y de gestión institucional que ha comprometido gravemente la atención a quienes más la necesitan. El Síndic advierte que esta situación podría constituir una infracción muy grave, al superar el umbral del 20 % de incumplimiento de plantilla establecido por la ley, y exige responsabilidades a ambas administraciones para restablecer cuanto antes la legalidad y la dignidad en la atención social.

Ver resolución completa.

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