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El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana e. f., Carlos Morenilla, ha participado junto con el resto de comisionados autonómicos y el defensor del Pueblo español en las 23 Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, organizadas en esta ocasión por la Procuradora General del Principado de Asturias y celebradas en Oviedo durante los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. En esta ocasión, el tema principal de las Jornadas ha sido el análisis de las personas en situación de desprotección social grave y la defensa de sus derechos.

Tras evaluar las políticas públicas existentes y su incidencia en las situaciones de desprotección social, los titulares de las defensorías españolas, a modo de conclusión, han recomendado a las administraciones públicas competentes la elaboración de una Carta de Derechos Sociales que establezca las prestaciones y servicios básicos a todas las personas, garantizando, como mínimo, unos ingresos básicos, así como un alojamiento para quienes, no pudiendo procurárselo, deben vivir en unas condiciones dignas.

Asimismo, los defensores recomiendan el carácter trasversal de todas las políticas públicas destinadas a eliminar las situaciones de desprotección social, articulando normas, estructuras e instrumentos efectivos e interdisciplinares.

Los titulares de las defensorías también demandan la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas en la implantación y desarrollo del Sistema de Dependencia, de modo que se garantice el cumplimiento del principio de igualdad recogido en la Constitución Española. Para ello, se insta a alcanzar los acuerdos necesarios en el seno del Consejo Territorial para que el derecho subjetivo se configure de manera efectiva.

La autoevaluación en el desarrollo de dicho sistema es otra de las exigencias de los defensores autonómicos. Deben tender a mejorarla y a incorporar medidas que permitan prever necesidades futuras en relación a las demandas de dependencia.

Mención destacada merece la especial protección social a las personas que tienen limitada su capacidad de autogobierno a consecuencia de enfermedades mentales. En relación a este colectivo se recomienda:

• Fomentar una conciencia social que evite su marginación.
• Prestar una efectiva y coordinada asistencia sociosanitaria, procurando prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, atención y seguimiento integrales, garantizando su derecho a la protección de la salud para así asegurar el disfrute del resto de derechos sociales.
• Dotar de recursos materiales y personales adaptados a cada patología y a cada paciente.
• Adoptar las medidas que garanticen la tutela de las personas con incapacidad en situación de desprotección por parte de administraciones e instituciones, así como la suficiencia financiera y la oportuna dotación de medios y recursos.